
El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, puso en marcha la discusión para reformar el régimen penal de menores y anunció que durante febrero habrá ocho mesas de trabajo integradas por especialistas en las que se discutirán lo que el gobierno considera los temas centrales.
Garavano y el subsecretario de Política Criminal, Martín Casares, encabezaron la primera reunión de la que participaron 75 personas entre funcionarios nacionales y provinciales; legisladores; jueces, fiscales y defensores; e integrantes de organizaciones civiles. Allí, los funcionarios explicaron el objetivo de la convocatoria y la metodología de trabajo.
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Habrá ocho mesas de trabajo que comenzarán a funcionar en febrero. Los temas en discusión serán una justicia especializada, medidas alternativas a la prisión y al proceso penal, delitos y sanciones acordes a la Convención sobre los Derechos del Niño, condiciones de detención que fomenten la reinserción, edad de imputabilidad, sistema de articulación permanente, sistema de información y abordaje preventivo.

Por cada tema se convocará a especialistas y se recibirán opiniones de quienes quieran participar. Luego todo pasará a una comisión redactora que presentará el proyecto al Poder Legislativo. La diputada Burgos propuso que la discusión sea federal y que se trate en las provincias.
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Tanto Garavano como la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, señalaron en una conferencia de prensa tras la reunión que la última palabra sobre la reforma la tendrá el Congreso Nacional.
En la conferencia, Garavano aclaró que el Gobierno "no tiene una posición cerrada" sobre la edad a partir de cual un chico debe ser punible y sostuvo que para fijar una postura esperarán a que avance la discusión que comenzó hoy sobre el nuevo régimen penal juvenil.
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"Estamos dispuestos a encontrar soluciones. No tenemos una posición cerrada sobre la edad de imputabilidad pero si sabemos que es un punto central del debate. Vamos a escuchar a los distintos expertos y tratar de generar un consenso", manifestó el jefe de cartera.

"Más allá de la edad o las circunstancias, violar la ley tiene consecuencias y daña a la sociedad, sobre todo cuando son los jóvenes que son nuestro futuro", agregó Garavano, quien fue acompañado por Bullrich, y por el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari; además de los senadores del Frente para la Victoria Pedro Guastavino y Rodolfo Urtubey, y la diputada de la UCR María Gabriela Burgos.
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Por su parte, Bullrich sostuvo que el encierro de un menor "es una medida extremísima" por lo que se deben buscar alternativas al encarcelamiento."Necesitamos un régimen de ejecución socio educativo y de salud", señaló la funcionaria.
El actual régimen de penal de menores está regulado por ley-decreto 22.278 que fue dictado en agosto de 1980 por el entonces presidente de facto y dictador Jorge Rafael Videla.
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La norma establece que los menores de 16 no son punibles, mientras que los chicos de entre 16 y 18 años tienen un régimen especial de internación en institutos.
El Gobierno expuso la necesidad de tener una nueva ley luego del crimen del chico de 14 años Brian Aguinaco, quien el 24 de diciembre fue asesinado de un balazo en la cara en el barrio de Flores. El presunto autor del crimen, otro menor de 15 años, esta semana fue liberado y enviado a Perú con sus abuelos.
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"El juez no tiene otra ley que esta. No queremos estigmatizar a un juez", dijo Bullrich cuando fue consultada sobre la decisión del magistrado de menores Enrique Velázquez de liberar al menor acusado.
"Hubo fuertes consensos en la necesidad de reformar la ley", expresó Garavano como resumen del primer encuentro y calificó el debate para modificar esa ley como "una deuda de la democracia".
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El kirchnerismo apoyó la necesidad de contar con una nueva ley penal juvenil: "Es una instancia de debate muy interesante", afirmó el senador Guastavino, presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales de la cámara alta, que destacó que en 2009 el Senado aprobó un proyecto que bajaba la edad de imputabilidad a 14 años con un régimen especial de juzgamiento. La norma no se transformó en ley porque no fue tratada en Diputados.
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