Fuego cruzado en el gobierno de Mendoza por los curas abusadores del Instituto Próvolo

El caso de las múltiples denuncias por abuso sexual infantil a los sacerdotes del Instituto Próvolo desató un escándalo en la provincia de Mendoza y condujo a un conflicto interno dentro del propio Estado provincial. Acusaciones, fuego cruzado, dudas sobre el desempeño de las supervisiones educativas y la responsabilidad del Ministerio de Salud de la región instalaron un clima de tensión que llegó a las esferas más altas del Gobierno de la provincia.

Hasta el momento, se estima que unos 60 alumnos afirmaron haber sido víctimas de los abusos por parte de cuatro curas del colegio Próvolo, una institución de educación especial para chicos con hipoacusia grave o sordera completa. Y, como si fuera poco, la causa pareció adquirir un tono cada vez más oscuro con el allanamiento de cientos de miles de pesos y diversa documentación en las oficinas de la institución.

De tal modo, el gobernador provincial Alfredo Cornejo insinuó el sábado que el escándalo en el colegio Antonio Próvolo podría haberse detectado con anterioridad, si la Supervisión de Educación Especial de la Dirección General de Escuelas de Mendoza (DGE) hubiera actuado con una mayor efectividad: "Si hicieran bien las supervisiones, se anticiparían muchísimo estos problemas, no sólo en esa institución, sino en otras que no estamos al tanto y puede que después nos terminemos sorprendiendo", afirmó en declaraciones a MDZ Radio.

Cornejo exigió "que se revise la actuación de la DGE sobre esas instituciones", y añadió: "Difícilmente podamos llegar a evitar estos hechos psicopáticos de algunas personas si no tenemos un estado policíaco, con cámaras de seguridad en todos lados. Difícilmente el Estado hubiese llegado a evitar esta situación, pero sí evitar los abusos sistemáticos, que es lo que pasaba acá".

De ese modo, el cuestionamiento estuvo enfocado en la labor de la supervisora de Educación Especial, Claudia Fernández, quien es la encargada estatal de corroborar que los alumnos discapacitados de Mendoza reciban su clases de un modo adecuado.

"La DGE tiene una tarea obligatoria de supervisión de estos organismos de educación pública pero de gestión privada", sentenció el gobernador.

Sin embargo, la respuesta ante las acusaciones llegó desde la propia DGE y no sólo se defendió la labor de la supervisión de educación especial, sino que se apuntó hacia el Ministerio de Salud de la provincia.

Emma Cunietti, subsecretaria de Planeamiento y Evaluación de la Calidad Educativa de la DGE aseguró que el control sobre los abusos en el Instituto Próvolo ocurrieron en el albergue del establicimiento y no en la escuela, por lo que el control era responsabilidad exclusiva de los representantes de la cartera sanitaria.

"Hay una supervisora de Educación Especial de la DGE en la escuela, que se encarga del control pedagógico. Educación Privada, con su representante legal, se encarga del control administrativo, ya que de los 45 cargos que hay allí, 15 están subsidiados por el Estado. El control del hogar, que es donde se han cometido estos hechos, está bajo la órbita del Ministerio de Salud, que hace inspecciones cada tres años para renovar los permisos y que allí las obras sociales pagan por cápita", explicó la funcionaria en declaraciones publicadas por el Diario Uno, de Mendoza.

Cunietti agregó que al no controlar lo sucedido en el albergue y al no haber existido denuncias concretas sobre los abusos en tantos años, "es imposible que nos hubiésemos enterado de lo que estaba sucediendo".

En principio, la subsecretaria de Planeamiento y Evaluación de la Calidad Educativa de la DGE no dio indicios sobre lo que sucederá en el ciclo lectivo del Instituto Próvolo en el 2017. Mientras, las clases de lo que restaba de 2016 ya fueron suspendidas.

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