Suspenden el traspaso de los juzgados nacionales a la Ciudad

Finalmente, no habrá traspaso de la Justicia Nacional a la Capital Federal durante este año. Al menos hasta nuevo aviso. El Gobierno tomó la decisión luego de que un amplio sector de la comunidad judicial se levantara en pie de guerra contra el convenio que, según versiones periodísticas, se iba a concretar a fines de noviembre.

La suspensión de la transferencia de las competencias fue confirmada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, ante la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), una de las entidades que había expresado su preocupación a la Casa Rosada por la medida.

A través de un comunicado, la entidad que nuclea a los jueces dijo que Garavano indicó que "no se firmará en lo que queda de 2016 ningún convenio de traspaso entre la Nación y la Ciudad", y que el "tema será discutido en profundidad durante 2017″. Para entonces, el Gobierno "se comprometió a concertar reuniones vinculadas al tema, en la cual magistrados y funcionarios podremos realizar observaciones".

Semanas atrás, el gobierno porteño y la Casa Rosada decidieron avanzar con la transferencia a la Ciudad de unos 50 juzgados nacionales vacantes, y dejaron trascender que el 30 de noviembre arrancaría el proceso. El dato alertó a los los jueces y fiscales, que redoblaron sus gestiones para que el traspaso se frenara.

Contra el traspaso se aglutinó un nutrido y heterogéneo abanico de sectores que expresaron su disconformidad. El rechazo no solo incluye a magistrados, asociaciones de abogados y el gremio de judiciales (UEJN) que conduce Julio Piumato. También tiene el acompañamiento de otros actores, como la CGT y las CTA, que rechazaron que el fuero laboral pase al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

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De hecho, el sector sindical protagonizó ayer un protesta frente a Lavalle 1554, donde está ubicada la Cámara de Apelaciones del Trabajo, contra el proyecto de traspaso del fuero laboral. La iniciativa estuvo presidida por Piumato, que desde el martes lleva adelante un paro de 36 horas, y contó con el apoyo de otras entidades profesionales, como la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) y la Federación Judicial Argentina (FJA). Por parte del movimiento obrero, estuvieron presentes Hugo Yasky (CTA) y Juan Carlos Schmid (CGT).

Los gremialistas consideran que la transferencia de competencias es un ataque contra la clase trabajadora, ya que "la Justicia Laboral ha sido garante de los derechos adquiridos por el Movimiento Obrero" y ha servido "desde hace setenta años para equilibrar la desigualdad que impera en la relación patrón/obrero".

"En un marco de suspensiones y despidos masivos, el traspaso del fuero laboral a la Ciudad no hace más que debilitar los derechos de los trabajadores. Eso quiere el macrismo: reducir el costo laboral por medio de la supresión de derechos laborales", declaró Martin Máscolo, secretario Gremial de la Comisión Interna del Fuero del Trabajo UEJN.

Si bien la resistencia más ruidosa la expresó el movimiento sindical, desde otras asociaciones las críticas adquirieron un tenor similar. La Asociación de Magistrados llamó la atención sobre las complicaciones que llevaría semejante medida, y planteó la inconstitucionalidad del traspaso, al indicar que "bajo ningún concepto puede variarse el status de un magistrado o funcionario nacional a partir de una ley y mucho menos de un convenio, que tiene menor jerarquía normativa".

"El traspaso que se propicia no es una necesidad de los integrantes del Poder Judicial, de los profesionales litigantes y mucho menos de los ciudadanos que, como destinatarios del servicio de justicia, hoy son los principales perjudicados por la demora en decisiones jurisdiccionales, debido al colapso funcional de los tribunales", señala el comunicado AMFJN, que pidió un refuerzo de las dotaciones del personal judicial, la creación de nuevos tribunales y la modificación de algunos procedimientos "vetustos" que no están a tono con las demandas actuales.