Inseguridad y mercado negro: las operadoras deberán crear un registro de usuarios de celulares

En una resolución conjunta de los ministerios de Seguridad y Comunicaciones publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno instó este jueves a las operadoras de telefonía celular a adoptar las medidas necesarias destinadas a identificar a todos los usuarios del servicio de comunicaciones móviles del país.

En el texto, firmado por los ministros Patricia Bullrich y Oscar Aguad, se señaló que "en los últimos años, en forma creciente la delincuencia en general, y en especial las bandas delictivas, utilizan teléfonos móviles como herramientas indispensables para llevar a cabo sus fines".

"Asimismo, el robo y hurto de Equipos Terminales como su extravío, alientan el mercado negro de teléfonos obtenidos cuanto menos en forma irregular", se agregó.

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En este sentido, el artículo 2 dispuso que la obligación de nominar las líneas telefónicas estará a cargo de los Prestadores de Servicios de Comunicaciones Móviles de todo el país, "quienes deberán desarrollar, operar y administrar a su costo los sistemas a implementar" y brindar información cada vez que la justicia lo requiera.

Esta medida del Gobierno se enmarca en la declaración de la emergencia de seguridad pública en la totalidad del territorio nacional "con el objeto de revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el crimen organizado", y busca complementar la resolución N° 2459 del 16 de mayo de 2016, que aprobó el "procedimiento para el bloqueo de terminales con reporte de robo, hurto o extravío".

"Es necesario fijar los criterios de registración de usuarios y servicios, como así también la información asociada a cada línea y establecer el procedimiento, el carácter de los datos, y los plazos en que las personas humanas deberán registrarse", se argumentó.

De acuerdo a un informe difundido por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), unos 5.000 teléfonos celulares por día son robados en la Argentina. En su mayoría, son utilizados para ilícitos y cometer delitos, luego de modificar los códigos de Identidad Internacional de Equipo Móvil (llamados IMEI por sus siglas en inglés) mediante dispositivos que alteran su configuración en las redes y los liberan para utilizarlos con otros números de teléfono.

En el artículo 3 de la resolución, se indicó que los prestadores de servicios de comunicaciones móviles "deberán albergar la información de manera segura, auditada y perdurable, debiendo la misma estar disponible para el eventual requerimiento del Poder Judicial y/o del Ministerio Público".