
El fiscal federal Ramiro González imputó a su jefa, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por haber filtrado informes del fiscal José María Campagnoli al ex número dos de la SIDE kirchnerista Francisco Larcher, de la causa por el confuso secuestro de Alfonso Severo en Avellaneda.
Esta nueva imputación complica aún más la situación judicial –y política– de Gils Carbó, quien acumula en sus casi cuatro años de gestión más de 20 denuncias penales.
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González hizo el pedido por una denuncia del mismo Campagnoli basada en el testimonio completo de Antonio Stiuso ante la jueza Palmaghini por el caso Nisman. El fiscal también pidió al juez federal Rodolfo Canicoba Corral que cite al ex director general de Operaciones de la SIDE a ampliar su declaración testimonial sobre ese episodio.
Según la declaración de Stiuso, en 2012 Gils Carbó "manipuló" a Campagnoli para que pidiera su indagatoria como sospechoso en el caso del extraño secuestro del dirigente ferroviario Severo Caballero, en Avellaneda. Incluso, el ex espía afirmó que Gils Carbó le "dio copias de lo actuado" a Larcher y luego, preocupada, le mandó a decir a través de Nisman que no quería tener "ningún inconveniente" con él.
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En la edición impresa de hoy, Clarín recuerda que en aquel año, Severo fue secuestrado mientras efectivos de la Gendarmería y la Prefectura realizaban un paro en reclamo de la mala liquidación de sus sueldos.
Gils Carbó encomendó la investigación del secuestro a Campagnoli, quien días después descubrió que decenas de teléfonos de agentes de la SIDE se habían activado en la zona del secuestro –entre otras pruebas– y requirió la indagatoria de Stiuso.

Antes de que le sacaran la causa, Campagnoli imputó –en el 2012– "a miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y agentes de la Secretaría de Inteligencia (entre ellos Stiuso)" y que esta medida fue puesta "en conocimiento de la Sra. Procuradora General el viernes 5, jueves 11, jueves 18 y miércoles 24 del mes de octubre y los días martes 6 y miércoles 7 de noviembre de aquél año de conformidad con los recaudos del artículo 30° de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal vigente en aquel momento (n° 24.946)".
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"Esto último fue realizado tanto en forma personal con mi equipo de trabajo en reuniones que tuvieron lugar en la sede de la Procuración General de la Nación de la calle Guido 1577 de esta Ciudad de Buenos Aires, ocasiones en las que se entregaron copias de los dictámenes presentados a la Dra. Gils Carbó y a sus colaboradores, como así también mediante el envío de fotocopias de la causa, de lo cual se dejó debida constancia en el sumario", explicó Campagnoli en su denuncia.
"La pesquisa en aquel entonces se encontraba en un incipiente estado por lo cual aún se debían profundizar las averiguaciones para verificar si las más altas autoridades de la S.I. habían estado involucradas en el episodio ventilado", subrayó en alusión a que el pase de la causa a la justicia provincial terminó frenando esa línea investigativa.
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Ahora ante el requerimiento de instrucción de González, el juez Canicoba pidió a su colega Julián Ercolini una copia certificada del testimonio de Stiuso en la causa por la muerte violenta de Nisman y aún debe decidir si acepta el resto de las medidas de prueba pedidas por el fiscal.
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