El Gobierno venderá las residencias oficiales de los embajadores argentinos en EEUU y Brasil

El gobierno nacional autorizará a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a vender 33 propiedades públicas. Y el dato saliente es que entre ellas están las residencias oficiales de los embajadores argentinos en los Estados Unidos y Brasil, que actualmente están sin uso.

El decreto será publicado esta semana en el Boletín Oficial, pero Infobae ya accedió a la nómina completa: ocho inmuebles y terrenos están en el exterior del país; los demás se reparten entre ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Jujuy.

Se trata de bienes en desuso, subutilizados o que no cumplen actividades al servicio del Estado, porque no ayudan al desarrollo de sus comunidades locales: hay galpones, terrenos baldíos y edificios vacíos que -explican desde el oficialismo- generan importantes gastos de mantenimiento. Hay incluso residencias de las que se robaron hasta la chimenea.

Todos serán vendidos mediante un proceso de subasta pública que se hará a través del Banco Ciudad; en el caso de las posesiones en el extranjero -aclararon desde la AABE que preside Ramón Lanús-, habrá que adaptarse a lo que indique la legislación del país correspondiente.

Fuentes oficiales le explicaron a este medio que el dinero recaudado se usará para comprar nuevas residencias oficiales. Así el Estado dejará de pagar alquileres y gastos de mantenimiento innecesarios. En algunos casos, los espacios se destinarían a la construcción de viviendas.

EMBAJADORES ITINERANTES

La residencia oficial que debería ocupar el embajador argentino en los Estados Unidos está abandonada desde 2010: años de desidia provocaron que la espléndida propiedad de 1908 m2 cubiertos, ubicada en el 1815 Q STREET NORTHWEST (una zona privilegiada de Washington), luzca hoy visiblemente deteriorada.

Las imágenes a las que accedió Infobae son elocuentes: pisos rotos, paredes descascaradas y escaleras de servicio arrumbadas reflejan la debacle de la construcción. La puesta en valor de ese edificio costaría casi cuatro millones de dólares, pero no hay presupuesto suficiente.

Aunque parezca insólito, hace seis años que el Estado paga religiosamente un alquiler mensual para que su representante diplomático –hoy Martín Lousteau- pueda habitar una vivienda en buenas condiciones. Al mismo tiempo, el erario público afronta los gastos de mantenimiento (limpieza, fumigación, etc) de la casona deshabitada.

Un dato que refleja el dispendio es que, sólo en 2016, la Argentina ha tenido que desembolsar 195 mil dólares: 135 de alquiler y 60 mil por limpieza, desinfección, etc. de la propiedad sin uso.

Algo similar sucede en Brasil: la residencia oficial –situada en Brasilia- está sin uso desde 2012, porque el embajador de entonces consideró que la ubicación de la casona ya no era conveniente y decidió mudarse a un inmueble alquilado.

El paso del tiempo hizo estragos y la propiedad se deterioró a tal punto que habría que invertir más de USD 2 millones para refaccionarla.

Por eso, desde hace cuatro años el Estado argentino afronta un doble gasto: paga un arrendamiento costoso para que su representante diplomático tenga donde vivir, y a la vez mantiene una residencia abandonada de 1.112 m2 cubiertos. Sumados ambos conceptos, sólo en 2016, de las arcas del erario público salieron 240 mil dólares.

La administración macrista hizo cuentas, entendió que los números no cerraban y decidió subastar ambas residencias y un anexo de la embajada en Washington (sección consular) que también está sin uso: según estimaciones oficiales, por la venta de los tres inmuebles (dos en EEUU y uno en Brasil), a las arcas del Estado ingresarían 45.5 millones de dólares.

En Colombia y en Uruguay también hay propiedades estatales que serán puestas a la venta: la Argentina tiene en el país cafetero dos inmuebles que deberían ser empleados como oficinas administrativas; del otro lado del Río de la Plata es dueña del ex Centro Cultural 19 de Abril y posee un terreno en Colonia que está abandonado.

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Todos estos bienes también se encuentran deteriorados y en algunos casos su valor de reventa es inferior a lo que costaría la puesta en valor. Por eso, el macrismo considera atinado desprenderse de ellos: las transferencias de estos cuatro espacios le redituarían –según cálculos oficiales- alrededor de 5 millones de dólares.

Si se suman las ventas de todos estos activos en el exterior, el gobierno nacional ingresaría a las arcas estatales unos 50.5 millones de dólares.

UNA NUEVA TANDA DE VENTAS

El gobierno nacional anunció a fines de agosto la venta de varios predios estatales. Y en el epílogo de septiembre la historia se repetirá: esta semana pondrá en el mercado varias propiedades.

El caso más resonante tiene que ver con la venta de la manzana donde actualmente se encuentran las oficinas de la Administración General de Puertos (AGP). Sin embargo, aquí es necesaria una aclaración: dicho inmueble no se va a vender. Se incluye en este decreto para permitir su unificación con el inmueble lindero y posterior afectación a su propiedad horizontal. De este modo, el inmueble de Aysa que se encuentra al lado de AGP, se venderá a un mayor valor.

A pocos metros hay otra propiedad que se encuentra desocupada y el Estado paga un servicio de vigilancia para que no lo usurpen. Las obras para su refacción se interrumpieron hace 17 años. Para obtener un mayor valor de venta, en el proceso de venta se unificará con el inmueble lindero de AGP y se afectará a propiedad horizontal.

El predio más grande de los que saldrán a la venta se encuentra en La Matanza: se trata de un inmueble de 9.962 m2 de superficie con salida a tres calles, situado a 200 m de la Estación María Sanchez de Mendeville del Ferrocarril Belgrano y del Camino de Cintura. El terreno está desocupado pero en muy buen estado. La intención es destinarlo para la construcción de viviendas.

En Vicente López y en La Boca también hay bienes que dejarán de pertenecer al Estado: el primero se encuentra sobre avenida Del Libertador y se utiliza como playa de estacionamiento de una vinoteca lindera al inmueble; el segundo es una construcción abandonada y en muy mal estado, ya que su ingreso está anegado por deterioro de la fachada y tiene mallas de protección para sostener la mampostería. En este caso se necesita una gran inversión para su puesta en valor y no hay presupuesto.

Se trata de una nueva tanda de ventas, con el agregado de que incluye bienes en el exterior. La idea del Gobierno es empezar a cerrar las canillas (muchas) que gotean de forma imperceptible, pero generan un derroche de recursos inaceptable para un país que tiene una enorme parte de su población bajo la línea de pobreza.