La denuncia a través de la cual el fiscal Alberto Nisman acusó a Cristina Kirchner y a algunos de sus colaboradores de formar parte de un "complot criminal" para encubrir a los iraníes acusados de atentar contra la AMIA finalmente será investigada. Pero no lo hará el juez Daniel Rafecas, quien días atrás rechazó la reapertura del caso, sino su colega Claudio Bonadio, quien aceptó una presentación realizada contra la ex presidente y el ex canciller Héctor Timerman por presunta traición a la patria.
El magistrado ordenó ya una serie de medidas de prueba y le solicitó a Rafecas que le envíe el expediente del caso que tuvo en su poder.
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La denuncia realizada por Nisman antes de morir señalaba a Cristina Kirchner como ideóloga del presunto plan que garantizaría impunidad a los responsables del ataque a la mutual judía. Su canciller estaba acusado de ser el ejecutor de la idea. El diputado Andrés Larroque y los piqueteros Luis D´Elía y Fernando Esteche eran también señalados como partícipes del plan.
En los últimos días, Bonadio pidió a Cancillería la totalidad de la documentación vinculada a las negociaciones que llevaron a la firma del Memorándum de entendimiento con Irán, lo que conforma el eje de la denuncia de Nisman.
Según publicó La Nación, el magistrado también requirió los antecedentes del despido de Luis D'Elía, entonces titular de la Subsecretaría de Tierras del Ministerio del Interior, quien aparece comprometido en las escuchas telefónicas que Nisman adjuntó a su presentación.
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Esos audios -en los que además figuran el supuesto agente Yussef Khalil; Moshen Rabbani, presunto cómplice del atentado, y el jefe de Quebracho, Fernando Esteche- fueron pedidos por el magistrado a la Unidad Fiscal AMIA.

Asimismo, Bonadio ordenó que declaren en calidad de testigos los periodistas Gabriel Levinas, de Radio Mitre e Infobae; Daniel Santoro, de Clarín, y Jorge Rosales, de La Nación, quienes a través de esos medios publicaron artículos sobre el acuerdo que impulsó el kirchnerismo.
El juez pidió, además, los testimonios de Susana Ruiz Cerutti, entonces encargada del área de Legales de Cancillería, y del ex vicencanciller Roberto García Moritán. También demandó la declaración de los ex cancilleres Rafael Bielsa y Jorge Taiana, antecesores de Héctor Timerman.
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El último canciller de la gestión kirchnerista también es investigado junto a la ex jefa de Estado por el delito de traición a la patria luego de que saliera a la luz una conversación telefónica en la que el funcionario reconoce que el atentado a la AMIA fue cometido por Irán.
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