
Luego de un largo silencio, el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli volvió a expresarse públicamente para rechazar las denuncias contra su gestión por el supuesto desvío de 20 mil millones de pesos del Banco Provincia.
Se trata de la investigación iniciada por una denuncia de la diputada Elisa Carrió y que lleva adelante el fiscal Álvaro Garganta, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción provincial N° 11. En la mira de la Justicia también están ex funcionarios de la gestión Scioli.
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"Frente a la denuncia pública realizada en el día de ayer a través de un informe periodístico, me veo en la obligación ética y política de afirmar la absoluta falsedad de las imputaciones que se han realizado en mi contra y de funcionarios de mi Gobierno", afirmó el ex candidato a presidente en un escrito difundido este lunes.
Scioli descartó que bajo su mandato en la Provincia "se hayan hecho extracciones irregulares en efectivo por 20 mil millones de pesos ni de ningún otro monto".
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Según explicó Scioli, y en línea con lo que había dicho más temprano su ex jefe de Gabinete Alberto Pérez, el dinero en cuestión era el correspondiente "a transferencias para pagar sueldos". En ese sentido, el comunicado de Scioli señaló que "conforme a la ley y a las normas administrativas y bancarias vigentes, se hicieron transferencias electrónicas desde la cuenta única de la Tesorería de la Provincia a las cuentas de los diferentes organismos para pago de sueldos y horas extras a los trabajadores del Estado provincial, así como toda otra obligación que hiciera al funcionamiento del Estado y de sus empresas".

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Respuestas de los funcionarios actuales
Como parte de la investigación, el fiscal Garganta envió requerimientos a los actuales funcionarios bonaerenses para saber si habían detectado irregularidades de la gestión anterior vinculadas a la denuncia de Carrió.
Infobae accedió a dos de las respuestas enviadas al fiscal. Una está firmada por el secretario general de la gobernación, Eduardo Perechodnik, y la otra por Pablo Loiacono, director de Asuntos Técnicos del Ministerio de Infraestructura provincial.
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En ambos casos, informaron al fiscal en primera instancia que no detectaron "facturaciones, contrataciones, obras, pagos u otras irregularidades a favor de terceros".

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