
Los panelistas del programa ultrakirchnerista 678, que se emitía por la TV Pública, habrían demandado al Estado argentino por una suma cercana a los 17 millones de pesos, según denunció el sitio Border Periodismo, de la periodista y ex conductora de ese mismo ciclo María Julia Oliván.
De acuerdo con la información publicada por ese portal, varios integrantes fijos de ese programa, más otros con participaciones esporádicas, habrían enviado cartas documento contra Radio y Televisión Argentina SE exigiendo el cobro de indemnizaciones que llegarían en algunos casos –siempre según el sitio– a los 4 millones de pesos, debido a la ruptura de sus contratos a partir de la llegada de la nueva gestión en Radio Nacional, la radio estatal para la que trabajaron hasta 2015.
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Infobae se comunicó con el historiador y periodista Hernán Brienza, uno de los apuntados en la nota, y comprobó que, al menos en su caso, la demanda es real y el número coincide con el informado por Border Periodismo: 800 mil pesos por ocho años de trabajo como columnista del programa Mañana es Hoy, del ex director de Tiempo Argentino Roberto Caballero, cuya demanda ascendería a los 3 millones de pesos. Brienza aseguró a este medio que no hizo más que "reclamar lo que correspondía como trabajador", y que María Julia Oliván "es una turra hija de puta, una periodista mediocre y miserable que está en contra de los trabajadores de prensa".

"El estatuto del periodista dice que si al trabajador se lo despide por cuestiones ideológicas se le deben pagar 6 meses de preaviso", argumentó Brienza.
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No es exactamente así, pero algo de razón tiene. El Estatuto del Periodista Profesional -ley 12.908- es considerablemente más beneficioso que la Ley de Contratos de Trabajo en caso de una desvinculación por parte del empleador que no tenga que ver con una falta grave del empleado, aunque no habla de "cuestiones ideológicas".
Las indemnizaciones por despidos tienen una base de cálculo de entre dos y cuatro sueldos por año trabajado, de acuerdo a la antigüedad. Pero además, la ley 12.908 establece en su artículo 43° inciso d) una retribución adicional: "El empleador abonará, además, a su dependiente, en los casos de despido injustificado, haya o no mediado preaviso, una indemnización especial equivalente a seis meses de sueldo".
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Con un salario básico mensual de 34.500 pesos desde 2008 hasta 2015, la demanda de Brienza parece ajustarse a lo que establece el Estatuto. Y posiblemente sea lo que le corresponde.
Lo que no está claro es por qué ninguna de las figuras de 678 reclamaron anteriormente a su empleador, en este caso el Estado, que aplique en sus contratos las condiciones que establecen el Convenio 301/75 y el Estatuto de Prensa, un reclamo histórico de los trabajadores de Radio Nacional que nunca tuvo eco entre los conductores y columnistas "top", salvo contadas excepciones.
"A vos te obligan a firmar un contrato y como trabajador no podés negarte, estás en una situación de debilidad". La "debilidad" de la que habla Brienza podría haber sido relativizada por él mismo a la hora de firmar su contrato, quizás teniendo en cuenta que el salario que se le ofreció no le resultaba tan desalentador, quizás por algún otro arreglo en las condiciones laborales.
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Este cronista le recordó a Hernán Brienza que los colegas de Radio Nacional han realizado decenas de reclamos junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SipreBA) denunciando la precariedad laboral a la que son expuestos en ese medio ya desde la gestión de María Seoane, incluidas radios abiertas en la puerta del edificio donde funciona la emisora, en Maipú 555, y en ninguno de los casos contaron con el apoyo de las "estrellas" de 678. De hecho aquellos trabajadores, salvo los delegados, están más expuestos a posibles persecuciones gremiales -cuando no despidos- porque no cuentan con la popularidad de los Brienza, o los Barragán.
Con mucha razón, dijo Brienza que la participación o no en este tipo de reclamos que hacían sus compañeros es "una decisión personal". Y aseguró que si reclamaba se "quedaba sin trabajo".
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Brienza señaló además que su demanda tiene que ver con la finalización abrupta de su contrato de trabajo únicamente. "No lo hago por daños y perjuicios, solamente reclamo lo que me corresponde por la extinción de mi contrato laboral", dijo.
Además de Brienza y Caballero, habrían demandado al Estado por la irrupción de sus contratos de trabajo Carlos Barragán (4 millones de pesos); Nora Veiras ($3 millones); Mariana Moyano (1,5 millones de pesos); Carlos Polimeni (4 millones); Edgardo Mocca ($1.100.000); más Jorge Halperín, Luciano Galende y Cynthia García, quienes habrían presentado sendas cartas documento, aunque no trascendió la cifra reclamada. Todos los casos por sus empleos en Radio Nacional.
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Para el periodista, "que un trabajador tenga que responder por qué quiere hacer que se cumpla la ley en la Argentina habla del momento político que estamos viviendo".
"El Estado o las empresas suelen hacer contratos en forma irregular, y uno como trabajador tiene la obligación de reclamar por sus derechos", añadió. Se acordó tarde Brienza, pero se acordó.
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