El juez Sebastián Casanello aceptó el pedido para reabrir el caso Skanska

El Caso Skanska fue una de las primeras denuncias por corrupción del kirchnerismo. En aquel entonces el Gobierno planteó que era un asunto entre privados.

El caso judicial en el que se investigaba el posible pago de sobornos en la construcción de gasoductos fue congelado hace años por la maquinaria judicial del kirchnerismo.

Se había anulado una prueba clave: un ejecutivo de Skanska decía en una grabación hecha dentro de la empresa que habían pagado coimas a funcionarios públicos.

Después de mucho tiempo la Cámara Federal de Casación Penal validó esa prueba y entonces cambió el panorama.

Carlos Stornelli, fiscal del caso que está en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello, había pedido la nulidad de los sobreseimientos, tanto de ex funcionarios como de empresarios. Esos sobreseimientos habían sido dictados por la Sala I de la Cámara Federal.

En una resolución firmada ayer, Casanello admitió que debe ser revisada la decisión de la Cámara Federal que sobreseyó a los imputados.
Luego de analizar el pedido de Stornelli, Casanello determinó que es posible revisar lo decidido.

El juez señaló en una resolución publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ) que "es posible sostener que la decisión adoptada por la Sala no reposó sobre la valoración integral de la prueba. Como consecuencia de ello, en consideración a la posición adoptada por la Cámara Federal de Casación y a partir de la sustanciación.

"Se estima correcto darle curso en su parte pertinente -la que atañe a la aparición de prueba antes excluida- y elevarlo a la consideración de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, dado que de allí ha salido el fallo cuya nulidad se pretende, y por ende es esa instancia quien debe resolver", afirma la resolución del magistrado.

Casanello dio curso al pedido de Stornelli. Ahora deben revisar su decisión anterior los mismos jueces que dictaron el sobreseimiento sin considerar como prueba la grabación donde se admitía el pago de coimas a funcionarios del kirchnerismo para conseguir los contratos.