Avanza la Ley del Arrepentido para casos de corrupción y mañana podría tener media sanción

Las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados emitieron este mediodía dictamen favorable para el proyecto oficialista que pretende aplicar la Ley del Arrepentido a los casos de corrupción.

La iniciativa, que se discutirá mañana en el recinto, propone beneficiar a un imputado o un condenado en una causa con una reducción en la pena si brinda información precisa y verosímil que permita avanzar en la investigación judicial. "Este proyecto propone la reducción de la pena al arrepentido, no la extinción de la pena", aclaró el diputado Luis Petri (UCR), presidente de la Comisión de Seguridad.

De esta manera, el proyecto de Cambiemos será tratado mañana en la Cámara Baja y es muy probable que obtenga media sanción. Durante la jornada de hoy, el dictamen de mayoría fue firmado por los bloques de Cambiemos, Frente Renovador, el PJ de Diego Bossio y Progresistas.

Según la iniciativa, si el delito estuviese castigado con cárcel o reclusión perpetua, la pena sólo podrá reducirse hasta quince años de prisión. Asimismo, extiende el beneficio al denominado "colaborador eficaz", que es aquel imputado o condenado que incrimina a otros en una organización delictiva, pero a diferencia del arrepentido, no es parte de la causa, aunque sí de causas que tengan algún vínculo.

"Resulta altamente positivo que, más allá de la coyuntura, estemos dotando a la Justicia de herramientas distintas, modernas y desafiantes que nos permitan responder a una sociedad que es permanentemente golpeada por los escándalos de corrupción", dijo la diputada del Frente Renovador, Graciela Camaño.

En diálogo con radio Mitre, el titular del bloque del PRO, Nicolás Massot, estimó que conseguirán apoyo de otras fuerzas para aprobar la iniciativa. En cuanto a una sanción definitiva que permita su aplicación, observó que el Senado podría convertirlo en ley a fines de julio y comenzar a regir en agosto.

Más tarde está previsto que se firme el dictamen de "extinción de dominio", para que el Estado pueda recuperar los bienes adquiridos de manera ilícita.