La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Condevilla (Tercer Despacho), situada en el distrito de San Martín de Porres, ha logrado una condena de 30 años y cuatro meses de pena privativa de libertad efectiva contra A. R. A. M. por los delitos de violación sexual de menor de edad e inducción a la fuga de menor.
Según informó la fiscalía, los hechos ocurrieron en 2017, cuando el acusado contactó a la menor de 13 años a través de la red social Facebook. Tras ganarse su confianza, inició una relación con ella que culminó en múltiples abusos sexuales, resultando en un embarazo.
El fiscal provincial Claudio Enrique Falcón Flores, a cargo de la investigación, detalló que el acusado posteriormente convenció a la menor para que escapara a la ciudad de Pisco, con la promesa de convivir juntos.
La situación se tornó crítica cuando empezó a circular en las redes sociales una foto de la menor con el condenado, lo cual llevó a que los padres de la menor comenzaran una intensa búsqueda. Ante esto, el acusado decidió embarcar a la niña de regreso a Lima, obligándola a retornar con su familia. A su regreso, la menor relató lo ocurrido a sus padres, quienes procedieron a denunciar al hombre ante las autoridades.
El caso fue llevado a juicio oral, donde el representante del Ministerio Público presentó varias pruebas claves, entre ellas la denuncia policial, los testimonios de los padres de la víctima, el certificado médico legal, la entrevista única en cámara Gesell y la pericia psicológica de la menor, entre otras.
Esta contundente evidencia facilitó que el juzgado obtuviera un veredicto a favor de la acusación, resultando en una sentencia ejemplar.
Además del impacto que tuvo este caso en el ámbito jurídico, arroja también luz sobre el grave problema del abuso sexual y la explotación de menores en Perú. La fiscalía de Condevilla ha destacado la importancia de las plataformas digitales en el contacto inicial entre víctima y agresor, un aspecto que sigue siendo relevante en la actualidad, debido al uso masivo de redes sociales entre jóvenes y adolescentes.
La condena de 30 años y cuatro meses de prisión no solo refleja la gravedad del crimen cometido, sino también el compromiso del sistema judicial peruano en la lucha contra los delitos sexuales y la protección de las víctimas vulnerables.
Desde una perspectiva social, este caso pone de manifiesto la vulnerabilidad de los niños y adolescentes ante el acoso y la explotación sexual. Resalta la necesidad de una supervisión continua por parte de los padres y autoridades para prevenir que se repitan incidentes semejantes.
Denuncia los casos de violencia
En nuestro país, las víctimas de violencia de género cuentan con diversos canales de ayuda para recibir asistencia y protección. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ofrece la Línea 100, un servicio telefónico gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día, que brinda orientación legal, psicológica y social.
Además, el Chat 100 y el correo electrónico, disponibles a través de la página web del MIMP, son otras vías de contacto alternativas.
Los Centros de Emergencia Mujer (CEM), por su parte, están ubicados en comisarías y establecimientos de salud a nivel nacional, proporcionando atención integral y gratuita a las víctimas. También existen iniciativas como el “AURORA – Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual” que fomenta la prevención y atiende casos de violencia en coordinación con diversas entidades públicas y privadas.
Para denuncias, la Policía Nacional del Perú (PNP) tiene a disposición el número de emergencia 105, y muchas comisarías cuentan con unidades especializadas en violencia familiar. Otra opción es la Defensoría del Pueblo, que ofrece apoyo y seguimiento de casos a través de sus oficinas en todo el país.
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