La Superintendencia Nacional de Migraciones, en su división zonal de Piura, ejecutó la expulsión de 11 ciudadanos extranjeros, entre ellos 2 colombianos y 9 venezolanos, quienes se encontraban de manera irregular en territorio peruano. Esta medida fue adoptada tras realizarse una serie de operativos de inspección en la región.
Las acciones de intervención se llevaron a cabo en el Parque Infantil – Miguel Cortés y cerca del exPeaje Bayóvar, en el punto kilométrico 983 de la carretera Panamericana Norte, operativos que contaron con la colaboración de la Policía Nacional del Perú (PNP) - Unidad de Seguridad del Estado y Carreteras, así como con la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran). Estas intervenciones se efectuaron en el marco del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), resultando en la detección de estos individuos en situación migratoria irregular.
Posteriormente, los extranjeros afectados por esta resolución fueron entregados a las autoridades de la Policía Nacional, que procedieron a formalizar su expulsión del país. Además, se les prohibió la entrada a Perú por un periodo de quince años.
Hasta la fecha, la Jefatura Zonal de Piura emitió más de 90 mandatos de salida forzosa y expulsiones contra extranjeros que ingresaron al país sin cumplir con las normas establecidas o que incumplieron con el Decreto Legislativo N° 1350 – Ley de Migraciones y su respectivo Reglamento.
La Superintendencia Nacional de Migraciones señaló que junto con las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público, señaló que continuará con operativos de fiscalización.
Extranjeros expulsados
En una conferencia de prensa en octubre pasado, Eduardo Arana, ministro de Justicia, señaló que las personas que intenten volver a ingresar al país después de su expulsión por cometer delitos o por procesos administrativos con la autoridad de Migraciones, se enfrentarán a sanciones que incluyen el encarcelamiento.
Además, el titular del Minjus mencionó que “este hecho ha sido debidamente identificado, analizado y se ha propuesto la fórmula legal para quienes pretendan regresar porque van a cometer un delito y, al hacerlo, van a ser sujetos de prisión.
Durante el transcurso de 2023, la Superintendencia Nacional de Migraciones reveló que se prohibió la entrada al país a 2.170 extranjeros mediante los procedimientos de control en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, considerado el eje central de fiscalización migratoria en Perú.
De ese conjunto, 455 individuos fueron sometidos a exámenes detallados de control secundario tras ser catalogados como posibles amenazas, de acuerdo con las evaluaciones ejecutadas en el centro de operaciones del Sistema de Información Avanzada de Pasajeros (APIS).
A través de un pronunciamiento, la entidad subrayó que la finalidad de este mecanismo es garantizar la valoración de amenazas a la seguridad nacional y el cumplimiento adecuado de las normas migratorias. Se ha constatado que la mayor parte de los individuos a quienes se les ha restringido el acceso proceden de Sudamérica, África y Asia, conforme a los informes proporcionados por la Superintendencia.
Las principales razones para la denegación del ingreso abarcan la falta del visado requerido, la presentación de documentos de viaje que no satisfacen el criterio de validez mínima de seis meses y el incumplimiento con el perfil de turista previsto para su entrada en el territorio.
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