La revelación de los últimos acontecimientos en torno a la deuda histórica del Correo Argentino provocaron toda una andanada de posiciones, interpretaciones y especulaciones de todo tipo, agravadas por el decreto que rebaja el porcentaje de suba de las jubilaciones: por un lado, el Estado condona deudas al grupo empresarial de la familia Macri, por el otro, rebaja los haberes de las personas de la tercera edad. Son los dos reversos de la moneda del ajuste.
El afán ajustador del Gobierno -a la vez que quita retenciones a los productores de soja, a las empresas mineras y que condona deudas a las empresas de energía eléctrica- llevó a que los más vulnerables, los ancianos, vean cómo un decreto recalculó los porcentuales de aumento basados en una supuesta búsqueda de equilibrio fiscal: la operación de la ley previa al decreto del ejecutivo otorgaba dos aumentos anuales mediante la vara de un porcentuaje anualizado dividido en dos. Esto implica que si el aumento anual era de 20 por ciento, se otorgaba el primer aumento de 10% y el segundo de 10%. De este modo, el segundo aumento era mayor a la mitad de 20, ya que se calculaba sobre la cifra que incluía el primer aumento. En nombre de la "equidad" de la ley, Emilio Basavilbaso decidió recalcular los porcentajes de modo que se cumpla el 20% original, causando una baja en la práctica de lo que se hubiera cobrado con el antiguo esquema. El decreto prevé aplicar el mismo método para la Asignación Universal por Hijo, pensiones y asignaciones familiares.
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La noticia produjo indignación e incluso quejas al interior de la coalición Cambiemos al punto tal que trascendió que el gobierno de Macri anunciaría la marcha atrás en el polémico decreto. Sea retraído el decreto o no, la medida es reveladora del carácter del gobierno, que no teme aplicar el ajuste de un modo cruento incluso en un año electoral.
Se trata de la demostración de que el Gobierno percibe que tiene la iniciativa y que, tal como hizo el gobierno menemista, planifica avanzar contra derechos sociales sin freno con la autoridad que le permite contar con una oposición respetuosa de su ajuste (el Frente para la Victoria y el Partido Justicialista realizan el mismo ajuste allí donde gobiernan, por caso, la Santa Cruz de Alicia Kirchner, miembro nodal del clan familiar del anterior proyecto presidencial) y una CGT sumisa al punto que uno de sus líderes votó a favor de la reforma de las ART, que no es sino un proyecto que sólo beneficia a la clase empresarial sobre la base de la quita de derechos obreros. La temeridad para ejercitar un ajuste de esta naturaleza, ¿cuánto puede durar sin concebir en el seno de la sociedad el desarrollo de las tendencias profundas a la rebelión?
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Por el contrario, la quita de deudas estatales al Correo Argentino que beneficia directamente al clan familiar Macri, muestra el alineamiento con una política de ajuste combinada con la entrega de beneficios a empresarios y el estímulo mediante el continuo desabastecimiento de las arcas del Estado. Si bien los gobiernos capitalistas tratan de simular que sus políticas benefician a la sociedad entera (como si no estuviera dividida en clases sociales), el de Mauricio Macri no tiene empacho en mostrar al sector social para el que gobierna de manera abierta: el de los estratos superiores y empresarios. Quizás la ministra Patricia Bullrich debería recordarle que ella misma participó de un gobierno que practicó medidas de esta naturaleza: Bullrich era ministra de Fernando de la Rúa cuando su gobierno aplicó una rebaja en los haberes jubilatorios. Luego, la historia se hizo presente. Nunca está de más recordarlo.
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