Impuestos al tabaco, una medida que salva vidas

Los impuestos a los cigarrillos son mucho más que una medida recaudatoria, tienen un enorme potencial para reducir el tabaquismo y, sobre todo, prevenir que los niños y los adolescentes empiecen a fumar. La industria tabacalera lo sabe y por eso se opone agresivamente a la implementación de esta política en todo el mundo.

El 2 de mayo de 2016 aumentó el precio de los cigarrillos a raíz de la entrada en vigencia del decreto 626/16 que fijó una suba de los impuestos internos a estos productos, lo que generó una caída en el consumo y un aumento de la recaudación fiscal tanto del Estado nacional como de todas las provincias. Si bien esta medida —que fue prorrogada el 5 de enero de 2017— significó un importante avance en materia de salud pública, es imprescindible contar con una ley de impuestos al tabaco que dé continuidad al decreto y garantice que la medida sea sustentable en el largo plazo.

En Argentina, más de 44 mil personas mueren cada año a causa del consumo de tabaco. Pero estas muertes, así como la discapacidad y las enfermedades atribuibles al tabaquismo, pueden evitarse. Medidas como la prohibición integral de publicidad de tabaco, la implementación de ambientes libres de humo en todos los espacios cerrados de acceso público y lugares de trabajo, las advertencias con imágenes en los paquetes de cigarrillos y el acceso gratuito a tratamientos para dejar de fumar son políticas que ayudan a que el consumo de tabaco caiga drásticamente. No obstante, está comprobado que la medida individual que tiene mayor impacto en la caída del consumo es el aumento de impuestos a los productos de tabaco.

Además, los impuestos tienen otros beneficios: aumentan la recaudación del Estado y reducen los costos sanitarios que se producen por las enfermedades causadas por el tabaquismo (enfermedades cardio y cerebrovasculares, cáncer, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, alzhéimer y otras). En nuestro país, el costo que implica atender las enfermedades atribuibles al consumo de tabaco se lleva alrededor del 12% del presupuesto total en salud. Los impuestos al tabaco son tan eficaces para la salud y la economía que han sido recientemente reconocidos como una fuente para el financiamiento del desarrollo en los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenibles.

En este escenario, es prioritario que el Poder Ejecutivo cumpla su promesa de mayo de 2016 y envíe al Congreso de la Nación un proyecto de ley que fije una suba en los impuestos al tabaco que logre el impacto sanitario esperado en el mediano y largo plazo. Para eso, la ley debería contemplar ajustes periódicos, de modo que la inflación y el crecimiento del salario no sobrepasen el precio de los cigarrillos, e incluir un impuesto específico (un monto fijo para todos los paquetes), además del porcentaje que se aplica hoy. De esta forma, se podrá reducir la brecha entre los precios de las distintas marcas y se evitará que los fumadores se pasen de las marcas más caras a las más baratas.

A su vez, se debe garantizar que los impuestos se apliquen a todos los productos de tabaco y no solamente a los cigarrillos, con el objetivo de evitar la migración a otros productos, como, por ejemplo, el tabaco para armar, los cigarros o las pipas. Por último, otro de los criterios esenciales a incluir en un proyecto de ley es que la suba de los impuestos vaya acompañada de una activa política de control y fiscalización de las ventas de productos de tabaco por parte del Estado que le permita proteger su recaudación. Actualmente, el Estado no cuenta con mediciones fidedignas de comercio ilícito de cigarrillos y es la industria tabacalera quien las maneja de acuerdo con su conveniencia. Dejar esta responsabilidad a la industria es como dejar al zorro a cargo del gallinero. Únicamente el Estado podrá proteger la salud de la población y la recaudación fiscal.

En nuestro país todavía fuma una de cada cuatro personas. Esta cifra es de las más altas de América Latina. La población de bajos recursos es la que más fuma, y el tabaquismo es una epidemia que perpetúa la pobreza y obstaculiza el desarrollo. En este escenario, es indispensable que el Ministerio de Hacienda envíe al Congreso de la Nación un proyecto de ley que contemple las condiciones mencionadas. Es la manera más eficaz de prevenir el tabaquismo en niños y adolescentes, y así proteger el derecho humano a la salud y el derecho a la vida, especialmente en las poblaciones más vulnerables.

La autora es directora ejecutiva de Fundación Interamericana del Corazón Argentina.