Acceso a la Justicia: la brecha judicial

El acceso a la Justicia es un principio fundamental del Estado de derecho. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se lo define como "un concepto que hace referencia las posibilidades de las personas, sin distinción de raza, sexo, edad, identidad sexual, ideología política o creencias religiosas, de obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas".

La Constitución de la Ciudad, moderna como es, contempla el derecho de acceso a la Justicia en sus artículos 12, 17 y 18. El artículo 12 establece: "Se garantiza el acceso a la Justicia de todos sus habitantes; en ningún caso puede limitarlo por razones económicas. La ley establece un sistema de asistencia profesional gratuita y el beneficio de litigar sin gastos". Argumentaron los constituyentes, hace 20 años: "La verdadera igualdad ante la ley sólo podrá estar garantizada cuando tengamos garantizada la igualdad de oportunidades para el acceso al sistema de administración de Justicia".

En la actualidad, nos encontramos frente al desafío de modificar el modelo de acceso ciudadano que se presenta en la Justicia para que se lo entienda como un fin en sí mismo y no un simple enunciado prosaico. El acceso a la Justicia debe ser visto como una herramienta para la enfrentarse a la desigualdad y poder, así, disminuir la exclusión, la pobreza y la vulnerabilidad social.

De acuerdo con lo moldeado por el PNUD, en su Manual de políticas públicas para el acceso a la Justicia, la simplificación de los procedimientos jurídicos, el fortalecimiento de la red de información, el empoderamiento en derechos de la población y el desarrollo de los instrumentos internacionales de derechos humanos, son las bases para encaminar la respuesta satisfactoria que aguarda una gran parte de la sociedad en materia judicial.

Llevar a cabo un servicio pleno, con la mayor inclusión, es el objetivo final de nuestro trabajo. Para ello, es esencial agilizar y simplificar los medios jurídicos que se ofrecen a la comunidad. Según la última encuesta de acceso a la Justicia realizada por el Consejo de la Magistratura de CABA, el 45% de la población cree que el costo económico de un juicio es inaccesible y un notable porcentaje aún desconoce dónde encontrar asistencia legal gratuita. La duración, los costos o el formalismo excesivo en los procesos transforman el acceso a la Justicia en un camino complejo y confuso. Este escenario nos impone un gran compromiso frente a la transferencia de competencias judiciales.

Debemos plantear un nuevo diseño y ejecución de políticas públicas para implementar en nuestra sociedad, un esquema que tenga como objetivo la transformación del sistema de Justicia, la modificación de aquellos mecanismos perpetuadores y la aniquilación de la desigualdad en la participación. Para llevar a cabo una reforma en la administración de Justicia, debemos presentar una visión integral que comience por reconocer que el acceso a la Justicia es un punto de partida y no una solución abandonada al azar.

Para lograr nuestros objetivos, es necesaria la participación de diversos organismos estatales vinculados con la administración de Justicia, ya que este tema no sólo afecta al Poder Judicial, sino que es un trabajo de equipo en donde es fundamental la participación ciudadana en la individualización de sus necesidades jurídicas. Juntos podremos establecer los ejes transversales como la adopción de medidas en favor del acceso a la Justicia y los enfoques de interculturalidad y género.

El acceso a la Justicia es un desafío permanente para quienes elaboramos políticas públicas en el ámbito judicial. Sin un funcionamiento apropiado, los demás derechos carecen de efectividad. En concordancia con la evolución y la innovación de la Justicia, debemos ajustar nuestra mira y tomar las riendas para priorizar las acciones en beneficio de los ciudadanos que las requieran con mayor urgencia para así acortar las distancias que convierten la brecha social y económica en una indebida brecha jurídica.

El autor es consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.