Dentro del difícil cuadro económico actual —pese a que atisban indicios de encontrar piso y de algunos brotes verdes—, el capítulo ligado al desenvolvimiento manufacturero, o de vastos rubros de él, suscita una especial atención.
Salvo excepciones, la industria cayó en este período, con pérdidas de empleo. Las exportaciones están débiles, sobre todo las manufacturas de origen industrial (MOI). Y con un mercado interno pobre, no pocos rubros —particularmente ligados a bienes de consumo— sufren presiones importadoras (captables más por cantidades que por valores en dólares).
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Lo notable es esto: en el presente, con una recesión de arrastre, las importaciones en alza agravan lo negativo de la instancia. No obstante, supuesto un repunte del mercado interno, sin más, el temor es que las importaciones prevalezcan, ganen incluso lonjas del mercado repuntado.
¿Qué hacer, entonces? La situación provoca devaneos, no sólo a nivel empresarial (y gremial involucrado), sino también en las filas oficiales y de la oposición. La preocupación es clara; es más arduo dar con las respuestas.
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En rigor, de un modo u otro, se da vueltas en torno a planteos de administración del comercio exterior, arbitrando al efecto medidas ad hoc de protección, trabando importaciones "redundantes". El propio Gobierno asumió desde el inicio el régimen de monitoreo de importaciones; el asunto es darle forma concreta.
Y aquí surgen complicados bemoles y disyuntivas. Porque la Argentina sale recientemente de ser demolida en un fallo recaído en la Organización Mundial del Comercio (OMC) respecto del improvisado esquema de política comercial externa del anterior Gobierno, harto casuista, superdiscrecional y sin protocolos medianamente válidos. Minaron, así, lo que es una herramienta válida.
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Cuando asoma hoy el escozor por las importaciones, obviamente, como la necesidad tiene cara de hereje, la idea es apelar a resortes de tenor discrecional. Es comprensible; la pregunta es hasta dónde extenderlos, dado el antecedente citado.
Se habla, por ejemplo, de ampliar los plazos fácticos de las licencias no automáticas de importación (LNAI). En rigor, estas se hallan estrictamente definidas en la OMC en cuanto a su razón y su plazo. La ampliación de plazos a gusto que se dio años atrás alentó muchos bemoles y reclamos; pícaramente, se reemplazaron luego las LNAI por las declaraciones juradas anticipadas de importaciones (DJAI), pero, al final, irrumpió el fallo fulminante.
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Otro enfoque es, más que apelar a las LNAI, recurrir a un canal de verificación para la importación de bienes de consumo, lo que dilata de facto el despacho a plaza de los importados. Se alude también a los cupos voluntarios o de buena fe de importaciones.
En rigor, hay que pulsar hasta dónde fijar estos mecanismos para que el país no sea visto como un recalcitrante en la materia, lo que significar arriesgarse a apurar reclamos y represalias (máxime pretendiendo "volver al mundo"). Todos hacen trampa en el comercio exterior; el quid es cuál es el margen que nos cabe, dado el contexto. El tema de restricciones de importaciones, cupos, etcétera, se trata en la OMC en el capítulo de las salvaguardias, pero se exigen procedimientos que llevan tiempo.
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En rigor, parece que subyace en este incordio una crucial variable silenciada: el nivel de tipo de cambio real que traduce el actual marco macroeconómico: bajo (limándose mucho de la paridad recuperada al salir del cepo), muy alejado el tipo de cambio industrial. Esto supone, de entrada, que el sector manufacturero parte de un hándicap perjudicial, que lo lesiona por la base en el plano asignativo. Luego, esto exige "levantar el muerto", con el peligro de excederse en el uso de mecanismos expuestos (se suma el posible refuerzo de la asimetría entre los cambios exportador e importador).
El orden natural diría: empecemos por un tipo de cambio competitivo y desde allí se pueden manejar más distendidamente los mecanismos ad hoc, con menos exposición. Pero da la impresión de que las dirigencias no le prestan atención a aquel.
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El autor es abogado y economista. Preside el Centro de Análisis Social y Económico (CASE) y es asesor de distintas entidades empresarias y gremiales.
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