Presentan en el Senado informe sobre incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez

La noche del 27 de marzo de 2023 se generó un incendio en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, causando la pérdida de 40 vidas de personas migrantes y 27 personas lesionadas, por lo que un año después el senador Emilio álvarez Icaza presentó un informe sobre este accidente.

El informe denominado “Incendio en la Estancia Migratoria de Ciudad Juárez. No nos dejen morir aquí”, fue elaborado por varias organizaciones sociales.

El reporte destaca violaciones a los derechos humanos de los migrantes, abordando desde su detención hasta su lucha por el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y a la reparación integral del daño.

Se resalta que el incendio no fue un caso aislado, citando 14 siniestros previos desde 2019 en similares instalaciones y apuntando a una falta de condiciones operativas adecuadas, incluidas medidas de protección civil.

Por su parte, la senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel, instó a la creación de una política migratoria solidaria, mientras que Laurence Pantin, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, criticó la detención como eje central de la política migratoria mexicana y denunció las condiciones inhumanas en la estancia migratoria. Hasta la fecha, se señala que las víctimas o sus familiares no han recibido compensación ni reparación alguna por los daños sufridos.

La elaboración del informe estuvo a cargo de Jerónimo del Río y Helen Kerwin, bajo la coordinación de Ana Lorena Delgadillo Pérez y con la participación de entidades como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Instituto para las Mujeres en la Migración, entre otras.

Álvarez Icaza señaló que el análisis proporciona una visión más amplia del suceso, etiquetándolo como un “crimen de Estado”, vinculado a políticas y acciones previas, como las detenciones arbitrarias de migrantes.

Este informe arroja luz sobre la necesidad imperante de revisar y mejorar las políticas y condiciones en las estaciones migratorias, así como de garantizar los derechos humanos de los migrantes en México.

El incidente ocurrió cuando, según reportes preliminares, algunos de los migrantes albergados en el centro prendieron fuego a colchones en protesta por las condiciones de su detención y los procesos de deportación.

El fuego se propagó rápidamente, provocando una situación crítica debido a la dificultad para evacuar a las personas en el lugar. La mayoría de las víctimas eran migrantes de Centroamérica, Sudamérica y otras regiones, que buscaban llegar a Estados Unidos.

A casi un año del trágico incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua, que culminó en la muerte de 40 migrantes, diversas organizaciones han denunciado lo ocurrido como “un crimen de Estado”. Este suceso ha desencadenado una serie de críticas hacia el manejo de la política migratoria y la falta de acciones concretas por parte de las autoridades competentes. A la fecha, la falta de sanciones y la ausencia de justicia para los familiares de las víctimas resaltan la gravedad de la situación.

En un documento firmado el 26 de marzo, dichas organizaciones han acusado a las autoridades de perpetrar una “simulación en el caso”, argumentando la recurrencia de episodios violentos dentro de las instalaciones migratorias como motines e incendios, que suman más de 40 y cuatro respectivamente desde 2018. Esta crítica se amplía a la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo cuyo mandato se han registrado el mayor número de muertes de migrantes, ascendiendo a 55.

La responsabilidad de la tragedia, según el comunicado, se extiende a altos funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), incluyendo a su ex Coordinador de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, actualmente prófugo, y al Comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, quien buscó en septiembre de 2023 una “solución alterna” para diluir su responsabilidad, sin que hasta la fecha se haya emitido ninguna sentencia condenatoria.

“Actualmente hay once personas vinculadas a proceso”, subraya el documento, evidenciando los pocos avances significativos en el esclarecimiento y sanción de los culpables. La Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial de la Federación (PJF) son señalados por su insuficiente progreso en el caso, reflejando una imagen de omisión por parte de las instituciones involucradas.