Rechazaron un planteo de Cristina Kirchner que busca agravar la acusación en la causa a Revolución Federal

La Cámara Federal porteña rechazó un planteo de la querella de Cristina Kirchner contra los procesamientos dictados en la causa que investiga las actividades de Revolución Federal. La vicepresidenta quiere que Casación vuelva a imponer la figura de asociación ilícita que buscó imponer sus ideas por la fuerza o el temor en los días previos al atentado a la ex jefa de Estado.

Esa era la figura penal que había puesto el juez Marcelo Martínez de Giorgi al resolver la situación procesal de Jonathan Morel, Gastón Guerra, Leonardo Sosa y Sabrina Basile, integrantes de la agrupación antes mencionada. Todos ellos, por pedido del magistrado, fueron detenidos, pero quedaron liberados por orden de la Cámara Federal. El 16 de febrero pasado, en un fallo dividido, Casación bajó la calificación para los imputados.

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Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi confirmaron los procesamientos pero por incitación pública a la violencia colectiva. El juez Mariano Llorens, por su parte, aseguró que las manifestaciones de Jonathan Morel y sus compañeros políticos estaban amparadas en la libertad de expresión y no podían perseguirse penalmente. Argumentó con un fallo que había favorecido a la fallecida presidenta de las Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini.

Eso fue lo que busca apelar la querella de CFK. “La decisión adoptada le causa un agravio de imposible reparación ulterior en razón de que, al ser tan diversas las figuras penales analizadas, se veda la posibilidad de requerir la elevación a juicio y de acusar a los imputados por formar una asociación ilegal para imponer sus ideas de modo violento y antidemocrático”, dijeron los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, que calificaron “la sentencia de arbitraria”.

Sabrina Basile, hija del ex tecnico de la Seleccion Alfio “Coco” Basile, también apeló. Tachó de arbitraria a la sentencia por falta de fundamentación pues no se dice ni especifica qué habría dicho, o hecho, concretamente la nombrada. También alegó “una errónea valoración de la prueba ya que no hay evidencia de lo que ella habría expresado ni del elemento subjetivo del tipo”.

En un fallo al que accedió Infobae, la Cámara de Apelaciones rechazó los dos planteos en las últimas horas. “Los recursos de casación deben contener un doble análisis inicial, tanto acerca de su admisibilidad formal, como de, prima facie [a primera vista], su admisibilidad material. Con relación al primero de ellos, surge que ambas presentaciones fueron realizadas por quienes tienen la facultad de hacerlo, dentro del plazo legal y que indicaron los puntos de la decisión que se ataca”, señalaron. Es sobre el segundo aspecto que resolvieron rechazarlo.

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Según se explicó, la querella solo puede apelar a esa instancia “contra las sentencias definitivas y los autos que pongan fin a la acción, a la pena o hagan imposible que continúen las actuaciones o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena (ref. art. 457 C.P.P.N)”, cuando se trate de una sentencia absolutoria que reúna determinadas características o las sentencias de condena, cuando se haya impuesto una pena privativa de la libertad inferior a la mitad de la requerida”. El fallo amplió que “fuera de esos casos, y de los especialmente previstos por la ley -lo que no se verifica en el presente-, ni el titular de la vindicta [venganza] pública, ni el acusador particular, pueden recurrir en Casación”.

Pero además, dijo la Cámara Federal, que la querella “tampoco logró demostrar la existencia de un gravamen de imposible o tardía reparación ulterior que permita –por vía de excepción- conceder el remedio procesal invocado. Por lo dicho, solo cabe concluir que dicha parte carece de legitimación legal para impugnar la decisión de este Tribunal, por lo que tal recurso se declarará inadmisible”.

La querella podría intentar, ahora, ir en queja a Casación. En la instancia del Máximo Tribunal penal, los jueces también vuelven a evaluar si el planteo es admisible o no.

A Basile, en tanto, también se le rechazó la apelación. “Consideramos que la decisión recurrida no integra el elenco de aquellas que enumera el artículo 457 mencionado entre las susceptibles de ser conmovidas por el citado medio impugnativo”, repitió. “A nuestro entendimiento, esa parte no ha logrado demostrar la existencia de un gravamen de imposible o tardía reparación ulterior, ni una crítica respecto a la errónea aplicación e interpretación de la ley que pretende se repare por la vía extraordinaria intentada”, se agregó.

La agrupación Revolución Federal quedó en el foco público tras el ataque a Cristina Kirchner. Brenda Uliarte, señalada como coautora del intento de homicidio, participó el 18 de agosto en una marcha de antorchas frente a la Casa Rosada. Allí las consignas eran “reventar la Plaza de Mayo” y “exigir renuncias”. Se lanzaron piedrazos, bombas de estruendo y bombas molotov. “Al kirchnerismo, cárcel o bala”, proclamaban. Los integrantes de la agrupación dijeron públicamente que no conocían a Brenda.

Cuando ya se había producido el intento de homicidio de CFK en la puerta de su casa -el 1° de septiembre-, a través de un e-mail del Ministerio de Seguridad, ingresó a los tribunales de Comodoro Py una denuncia de una persona llamada Luca Morales, quien hizo saber que en las redes sociales estaba circulando un perfil que, con sus manifestaciones, adelantaba que atentaría contra la democracia e incitaría al odio y la violencia política de forma directa contra el Presidente y la Vicepresidenta.

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La cuenta de Instagram era @revolucionfederal. Allí decía: “Los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción en Argentina van a dejar de ser gratis por las buenas o por las malas”.

Tanto el fiscal Carlos Rívolo como la jueza María Eugenia Capuchetti rechazaron investigar a Revolución Federal dentro de la causa del atentado. Esa causa corrió por una investigación aparte en manos del juez Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita. Allí, la vicepresidenta también se presentó como querellante diciendo que esa agrupación estuvo detrás del atentado. También reclama que se investigue a la empresa Caputo Hermanos SA, ligada a un ex funcionario macrista, a los que responsabiliza de haber financiado el atentado en su contra.

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