Seis autonomías corren el riesgo de tener que recortar sus gastos tras el rechazo del PP a los objetivos de estabilidad

La mayoría absoluta del PP en el Senado ha tumbado este miércoles los nuevos objetivos de estabilidad que el Gobierno había propuesto para 2024 y que consiguieron luz verde por la mínima en el Congreso. Esta negativa parlamentaria supone que en el plazo máximo de un mes el Ejecutivo tendrá que remitir otra vez los objetivos al Congreso y al Senado, en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Según ha vuelto a confirmar la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Gobierno presentará las mismas cifras rechazadas este miércoles, por lo que todo apunta a que será imposible sacarlas adelante.

Los objetivos de estabilidad fijan el déficit de las administraciones públicas y son el primer paso para la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), aunque, según Montero, no son una condición que impida su existencia. La vicepresidenta hace referencia a un informe de la Abogacía del Estado que no se ha hecho público según el cual si no se aprueban los nuevos objetivos se impondrán los recogidos en el Programa de Estabilidad de abril de 2023, un documento remitido a la Comisión Europea.

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La diferencia entre los objetivos de dicho programa y los nuevos propuestos para 2024 es que son más exigentes para las comunidades autónomas (CCAA) y los ayuntamientos. En concreto, se pasaba de exigir estabilidad presupuestaria en 2024 a las CCAA a permitir un déficit del 0,1% y del objetivo de un 0,2% de superávit en los ayuntamientos a solo estabilidad presupuestaria. Estas tres décimas de déficit que se perdían por dar más margen a los territorios los asumía la Administración Central, que habría pasado de un objetivo de déficit del 3% a uno del 2,7%.

El rechazo de este miércoles en el Senado (y su previsible confirmación en la segunda votación que se produzca) supone que el conjunto de las comunidades autónomas, no cada una por separado, deberá finalmente alcanzar la estabilidad presupuestaria en 2024. El problema es que varias autonomías han elaborado sus presupuestos de este año en un escenario de déficit, lo que complica llegar a la estabilidad presupuestaria del conjunto.

Según las previsiones de las CCAA en sus presupuestos de 2024, seis incurrirán en déficit: Murcia (-0,5%), Navarra (-0,3%), Valencia (-0,3%), País Vasco (-0,3%), Cataluña (-0,3%) y Andalucía (-0,1%). Otras ocho prevén estabilidad: Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Galicia. Y solo tres estiman superávit: Canarias (0,1%), Castilla y León (0,5%) y La Rioja (0,3%). Teniendo en cuenta el peso de estas tres últimas, es prácticamente imposible que compensen los déficits de las otras seis.

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Ante este escenario, algunas regiones se tendrán que ajustar el cinturón. Una posibilidad es la esgrimida por el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, consistente en que algunas CCAA no podrán ejecutar un porcentaje del gasto ya presupuestado. “Al final lo que habría sería una instrucción del Gobierno diciéndole a las comunidades que no pueden gastar esa décima de PIB que ahora mismo tienen en su presupuesto”, avisó el senador en una rueda de prensa este martes. En esta idea ha incidido Montero durante su intervención en el Senado: “Quienes voten en contra lo que están planteando es menos margen de gasto para los servicios públicos”. Según el PSOE, el déficit del 0,1% se traduce en unos de 4.570 millones de euros adicionales.

Cabe recordar que España debe cumplir con un déficit del 3% en 2024 como consecuencia de la vuelta de las reglas fiscales. Si no lo hace, la Comisión Europea puede abrir un procedimiento de déficit excesivo que conlleva multas, aunque estas nunca se han impuesto con las anteriores reglas. El nuevo marco, aun en fase de aprobación, pretende que el cumplimiento sea mayor a cambio de unas sendas de ajuste diferenciadas para cada país.

También será relevante en los próximos meses el seguimiento del gasto de las comunidades autónomas, ya que la Comisión Europea establece una regla de gasto primario neto anual para España. Según ha advertido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (ARIeF), el volumen récord de recursos que están recibiendo este año las autonomías como consecuencia de las transferencias y liquidaciones del sistema de financiación autonómica, les permite aumentar su gasto o bajar impuestos basándose en unos recursos que no se volverán a repetir. Esto puede terminar complicando el cumplimiento de la regla de gasto fijada por Bruselas.