En la Argentina hacen huelga 2,4 empleados del Estado por cada uno que para en el sector privado

La estabilidad laboral que protege al empleado público ha hecho que el resto de la sociedad sea rehén del costo que representa en términos de servicios caídos el abandono de tareas recurrente en reclamo de mejoras salariales que no son capaces de obtener en un régimen más flexible y de competencia en el sector privado.

Ese escenario atípico que conspira contra la productividad de la economía en su conjunto y del total de los habitantes se repite constantemente en la vida de los residentes en la Argentina, con escenas de piquetes en los puntos álgidos de la Ciudad, los cuales no pocas veces terminan en desmanes y acciones insalubres para el el resto de los trabajadores, con ruidos molestos y quemaduras de cubiertas de camiones.

Ese cuadro se observó con claridad en el primer año de Gobierno de Cambiemos, donde la conflictividad laboral en el sector público alcanzó el segundo registro más alto de una serie de 11 años según la Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales, cargo de José Anchorena, del Ministerio de Trabajo, con 9,43 millones de jornadas  individuales no trabajadas.

"De acuerdo al nivel de dependencia gubernamental, los trabajadores dependientes de estados provinciales protagonizaron el 51% de los conflictos y representaron el 63% de los huelguistas y el 79% de las jornadas de paro del ámbito estatal.En las dependencias municipales se concentró el 36% de los conflictos laborales, con una muy baja participación respecto a la cantidad de huelguistas (18%) y jornadas no trabajadas (10%). Por último, los trabajadores dependientes del Estado Nacional tuvieron una participación minoritaria: protagonizaron el 13% de los conflictos y constituyeron el 18% de los huelguistas y el 11% de las jornadas individuales no trabajadas", estimó el Ministerio de Trabajo.

Agrega el estudio oficial que, como se repitió en los primeros meses de 2017, en particular en marzo, "el sector de la enseñanza protagonizó el 18% de los conflictos con paro, pero tuvo una participación que involucró al 55% de los huelguistas y el 56% de las jornadas no trabajadas del ámbito estatal. Una gran mayoría de los conflictos docentes fueron realizados en el marco de frentes gremiales que involucraron a sindicatos que representan a trabajadores de otras actividades del ámbito estatal".

"El sector de la enseñanza pública protagonizó el 18% de los conflictos con paro, pero tuvo una participación que involucró al 55% de los huelguistas y el 56% de las jornadas no trabajadas", informó el Ministerio de Trabajo.

En el sector privado, la extensión del estancamiento agregado de la actividad productiva y comercial durante casi un lustro y que pasó a una mini recesión en el  último año determinó que también se elevara la conflictividad laboral, se amplió a un millón de jornadas individuales no trabajadas, la cual de todas maneras estuvo lejos de los picos de de más de 1,38 millones del trienio 2008 a 2010, durante el primer mandato de Cristina Elizabeth Kirchner.

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Una relación desproporcionada

Según los datos de Trabajo en 2016 por cada 2,4 empleados del estado que hizo paro de actividades, en la actividad privada sólo 1 hizo huelga. En el primer caso se elevó 64% respecto del último año de gobierno de Cristina Elizabeth Kirchner; mientras que en el ámbito particular la conflictividad aumentó 22 por ciento.

Esa brecha se amplió considerablemente en términos de jornadas individuales caídas, de 5,6 a 9,4 veces, habida cuenta de que las jornadas individuales caídas por el conjunto de los estatales ascendió a 9,42 millones, mientras que en el sector privado fue de poco más de 1 millón.

Pero la relación de conflictividad empeora aún más, a 23 veces en los estatales, cuando se relaciona las jornadas perdidas con el total de empleados en cada sector: 2,69 por trabajador del estado frente a 0,12 en la actividad particular.

Esa brecha singular que paga el conjunto de la sociedad con impuestos genuinos, más el inflacionario que genera esa burocracia inactiva en la administración de gobierno en los tres órdenes, municipal, provincial y nacional, se explica por el anacrónico régimen del empleado público que le asegura estabilidad, trabaje o no trabaje.