El Gobierno espera convertir esta semana en ley un nuevo régimen de riesgos del trabajo

En una entrevista con Infobae, el Superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, destacó la importancia de un cambio de legislación para reducir la litigiosidad y proteger mejor los intereses de los trabajadores.

-¿Por qué es tan importante modificar la Ley de Riesgos del Trabajo?

-Porque necesitamos retomar los valores de los orígenes de la LRT, de cuidar a los trabajadores, su salud, prevenir accidentes, brindar prestaciones dinerarias, médicas, otorgar indemnizaciones, recuperar trabajadores. Y todo eso sin olvidar la prevención.

-¿Cuál es hoy la principal preocupación que afecta al sistema?

-Sin duda el crecimiento de la litigiosidad judicial, pese a que en los 20 años del sistema han disminuido sostenidamente los índice de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ha crecido exponencialmente y demorado la resolución del pleito, en perjuicio de las empresas y de los trabajadores.

-¿Cómo está la situación actual y el proyecto de ley que se tratará al Congreso en los próximos días?

– Hoy el sistema está judicializado en un 70% de los casos y se ingresa en un proceso que puede demandar de 3 a 5 años, mientras que sólo el 30% de los casos ingresa a las comisiones médicas, de los cuales el 85% se resuelve en el término de tres meses; se ha transformado en un régimen que apunta a la discrecionalidad; cada contingencia es evaluada subjetivamente; no hay un acuerdo de los actores clave: trabajadores, empresarios y estado; el trabajador cobra su indemnización con importantes demoras y pagando honorarios no regulados a intermediarios; y las compensaciones las determina un perito que cobra honorarios en función del monto de dicha indemnización.

-¿Cuáles son las principales características del proyecto de nueva Ley de Riesgos del Trabajo?

–La Superintendencia ha logrado consensuar desde febrero hasta hoy con los principales actores, trabajadores, empresarios y diversos legisladores, diseñar un sistema que sea solidario, sustentable y esté en el marco de la Seguridad Social; apunta a la transparencia; se basa en reglas claras y prestablecidas: criterios para la definición de enfermedades profesionales; utilización del Baremo (Tablas con valuación de daños y vínculo con el salario); cálculo de reparaciones económicas; parametrización de las prestaciones médicas; acuerdo con los representantes de los trabajadores, de los empresarios y el estado; los fondos aportados por los empresarios se destinarán para financiar los riesgos del trabajo de los trabajadores; y no a intermediarios; otorga garantías constitucionales a los trabajadores y es compatible con la generación de empleo y atracción de inversiones. En síntesis es una propuesta pensada para mejorar la competitividad, dar previsibilidad al costo laboral y generar certidumbre jurídica.

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-¿Cuándo será tratado el proyecto en el Congreso?

-Está previsto que ingrese el miércoles 14 al recinto del Senado, pero podría anticiparse al martes y rápidamente ser girado a la Cámara baja.

-¿A partir de la aprobación de la nueva ley de Riesgo del Trabajo esperan que se reduzca la litigiosidad judicial?

-Sin duda, aunque será un proceso gradual, dado que el sistema tiene acumuladas unas 120.000 causas y los juzgados sólo pueden resolver unos 35.000 por año, fenómeno que genera una deuda flotante que amenaza a todo el sistema, con un costo de unos USD 4.500 millones. Pero, además, se acordó con las principales centrales obreras y altos dirigentes sindicales, enviar al Congreso dentro de los tres meses siguientes un proyecto de nueva Ley de Prevención, la cual data de los tiempos de la última dictadura militar, con la incorporación de las mejores prácticas y la normativa internacional, previendo un tratamiento específico para cada actividad en los convenios colectivos de trabajo.

¿Qué otras acciones están previstas?

–Se abrirán nuevas comisiones médicas en todo el país, acercando el servicio gratuito a los lugares de trabajo, en especial en el conurbano bonaerense donde no hay ninguna, como Lanús, Ramos Mejía y San Isidro, el 20 de diciembre; Morón, Quilmes y Ezeiza en marzo de 2017 y dos meses después en Luján, Pilar, Saladillo y Bariloche. Además, se implementará una mejor gestión del trámite de los procesos, con la incorporación de tecnología, conectividad y profesionalismo, para la adecuada atención del trabajador.