El acceso a la información es un derecho de todos, aunque las personas no videntes o con poca visión no tienen la misma posibilidad que el resto. Por eso, una serie de proyectos de ley busca garantizar el acceso independiente, sin intermediación de terceros, tal como sucede en Estados Unidos y varios países de Europa.
Los proyectos impulsan que se establezca la información esencial para la educación ciudadana en braille, como la Constitución nacional, y también facilitar el acceso a situaciones cotidianas, que les están negadas por su condición, como poder realizar un trámite en el banco.
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De acuerdo con las últimas estadísticas oficiales, en el país viven 5.114.190 personas con diferentes discapacidades, lo que representa el 12,9 por ciento del total de la población. De ese casi 13 por ciento, el 59,5% viven con una dificultad o limitación permanente visual.
"En la actualidad tres millones de discapacitados argentinos diariamente esperan que se implementen herramientas que puedan revertir la situación diaria y mejorar su calidad de vida. La información y las expresiones culturales escritas, proporcionadas por medios convencionales de impresión y computadoras, entre otros, resultan inaccesibles para quienes padecen afecciones vinculadas a la ausencia o pérdida de capacidad visual", explicó Roberto Basualdo, senador nacional por San Juan e impulsor de las medidas.
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Con respecto a difundir la Constitución nacional en braille, sostuvo que busca "garantizar el acceso en toda entidad gubernamental y en las bibliotecas populares. De este modo podrán familiarizarse con la legislación nacional que las protege".
Por otro lado, se impulsó una iniciativa que busca que sea obligatorio para todas las instituciones bancarias públicas y privadas del país contar con al menos un cajero con la versión de su teclado en sistema braille y con un sistema parlante, y que los laboratorios ofrezcan una partida de medicamentos con el nombre de su marca registrada, el nombre genérico y la fecha de vencimiento en sistema de lectura para ciegos.
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"En todo el ámbito del territorio nacional se deben establecer normas para que el desplazamiento, acceso y desenvolvimiento de las personas con discapacidad encuentren facilidades que favorezcan su independencia", agregó Basualdo.
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