Demandaron a varios congresistas por la ‘vaca’ para las vías 4G en Antioquia y el Centro Democrático respondió: qué viene ahora

La polémica sobre la financiación de las vías 4G en Antioquia tomó un nuevo giro con la presentación de una demanda de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado contra varios congresistas. Este proceso legal, presentado el Lunes de Pascua, 1 de abril de 2024, puso bajo escrutinio a figuras prominentes del Congreso colombiano, lo que desató en una respuesta firme por parte del Centro Democrático, partido político al que pertenecen la mayoría de los legisladores demandados.

Los senadores Paloma Valencia, Esteban Quintero, Andrés Guerra y María Fernanda Cabal, junto con los representantes a la Cámara Juan Espinal, Hernán Cadavid, John Jairo Berrío y Julián Peinado se encuentran en el centro de esta controversia. La demanda, presentada por el abogado Carlos Mario Patiño, alega que estos congresistas habrían violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en la Constitución Política al realizar donaciones a la “vaca” de la Gobernación de Antioquia, en cabeza de Andrés Julián Rendón.

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La respuesta del Centro Democrático no se hizo esperar, a través de la plataforma en X (anteriormente Twitter) para defender a los legisladores demandados. En su mensaje, el partido político afirmó que la demanda carece de sustento jurídico, bajo el argumento de que las donaciones realizadas por los congresistas no constituyen una conducta ética o moralmente reprochable.

Además, resaltaron que estas contribuciones fueron realizadas de manera unilateral y gratuita, sin representar beneficio personal alguno para los legisladores.

“Los enemigos del civismo y la ‘vaca’ por las vías atacan de nuevo, ahora lo hacen contra la generosidad y solidaridad de nuestros congresistas. La demanda no tiene asidero jurídico. Primero, porque en la donación no hay ninguna conducta ética o moralmente reprochable; y en segundo término, porque la donación es unilateral y gratuita y no representa beneficio alguno para quienes decidieron apoyar de forma desinteresada esta causa por Antioquia y el país. La ‘vaca’ continúa imparable”, se lee en la publicación del Centro Democrático.

Por su parte, el abogado demandante, Carlos Mario Patiño, sostiene que las donaciones realizadas por los congresistas constituyen un contrato con una entidad pública, lo que podría contravenir el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en la Constitución Política. Según el litigante, el decreto de la Gobernación de Antioquia para reglamentar la “vaca” establece que estas donaciones son contratos estatales, lo que podría comprometer la investidura de los legisladores demandados.

La demanda, que consta de catorce páginas, documenta los aportes voluntarios realizados por los ocho congresistas implicados, empleó como referencia los comprobantes de consignación compartidos en sus redes sociales. Estas transacciones, en las que cada legislador aportó un millón de pesos o más, son consideradas por el demandante como una violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, lo que podría llevar a la pérdida de investidura de los congresistas implicados.

El litigio se centra en el artículo 180, numeral 2 de la Constitución Política, que menciona las acciones relacionadas con la gestión de asuntos ante entidades públicas, la representación ante ellas y la celebración de contratos, con las excepciones legales pertinentes, señaló el abogado en sus redes sociales.

“En el caso de los congresistas que demandé incurrieron, en mi concepto, en esta prohibición pues el contrato de “donación entre vivos” (art 1443 del código Civil) es un contrato cuyo sujeto pasivo es el departamento de Antioquia. Cómo lo establece el decreto 2024070001536″, agregó el abogado en su hilo en X.

La pretensión de la demanda es clara: que se declare la pérdida de investidura de estos legisladores. Sin embargo, el proceso legal podría extenderse en el tiempo, dado el respaldo económico y legal que los congresistas cuentan. Según Patiño, cada congresista tiene a su disposición recursos para contratar asesores legales que les permitan defenderse en este proceso.

“No podrán decir que lo hicieron sin culpa porque, de cualquier forma, tienen las condiciones para saber si había una violación al régimen de inhabilidades y compatibilidades, como me parece a mí que la hay”, señaló Carlos Mario Patiño a la revista Semana.