Luisa Ortega Díaz, fiscal general de Venezuela destituida por el chavismo, aseguró en una entrevista a la revista alemana Der Spiegel que ni tras haber abandonado su país se siente segura, porque sabe que han mandado "sicarios" en su busca.
En su primera entrevista desde que abandonó Venezuela, Ortega reiteró también que tiene documentos que prueban que el presidente venezolano Nicolás Maduro se enriqueció fraudulentamente con fondos públicos.
"Tengo informaciones de que se han mandado sicarios a por mí", dijo la ex fiscal general, quien agregó que recibió "varias amenazas" antes de decidirse a abandonar Venezuela. No obstante, se mostró dispuesta a seguir luchando por su país desde el extranjero.
Además, Ortega reiteró que tiene documentos comprometedores que contienen acusaciones serias y demostrables contra Maduro, en los que se apunta que obtuvo dinero público, destinado en un primer momento a la compra de alimentos, a través de una empresa mexicana.
También señaló que la constructora brasileña Odebrecht pagó 100 millones de dólares a familiares de Diosdado Cabello, el hombre fuerte de la recién elegida Asamblea Nacional Constituyente (ANC) chavista, a través de una compañía española. "Estamos ante un grupo de gente que no son hombres de Estado, sino criminales", destacó Ortega.
La ex fiscal general explicó que decidió abandonar Venezuela cuando el gobierno pidió el encarcelamiento de su marido, el diputado Germán Ferrer, que según la nueva Fiscalía lideró una trama millonaria de extorsión que operaba desde el Ministerio Público.
Sobre cómo se marchó no quiso dar detalles, para no poner en evidencia a las personas que le prestaron ayuda.
Asimismo, la ex fiscal general venezolana instó a la comunidad internacional a incrementar la presión que ejerce sobre el régimen venezolano.
Ortega, acusada de traición por el gobierno de Maduro, abandonó Venezuela esta semana y denunció desde Brasilia supuestas prácticas corruptas de los dirigentes chavistas.
Agregó en declaraciones a la prensa que entregará las pruebas a las autoridades de distintos países, entre ellos Estados Unidos, Colombia y España, "para que se investigue" en "virtud del principio de jurisdicción universal".
Con información de EFE
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