La Asamblea Constituyente separó de su cargo a la fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien se rebeló contra el presidente Nicolás Maduro, fue destituida este sábado por la todopoderosa Asamblea Nacional Constituyente.

Ortega será sustituida temporalmente por el Defensor del pueblo chavista, Tarek William Saab, anunció la Constituyente en su primera sesión, tras ser instalada el viernes.

Ortega había sido pocos minutos antes suspendida del cargo por decisión de la Corte Suprema, que la enjuiciará por irregularidades en su cargo.

Pero Diosdado Cabello, un poderoso dirigente del chavismo y miembro de la ANC, propuso ante el plenario separarla del cargo definitivamente.

"Ante el inexorable vacío que existe allí en ese momento (…), propongo que sea removida de su cargo la señora Luisa Ortega Díaz, no suspendida. Aquí no es un linchamiento personal, político, sino cumplir con la ley", indicó.

Ortega denunció más temprano que militares de la Guardia Nacional impidieron su entrada a la sede del Ministerio Público.

"Esto es una dictadura, el atropello que se está viviendo en Venezuela, la represión, no solamente que están deteniendo arbitrariamente a las personas, sino que los procesan con justicia militar, sino ahora no dejan entrar a la fiscal general a la sede principal", había dicho a periodistas.

La fiscal, que llegó y se fue rápidamente en una moto con escoltas, dijo que seguirá "luchando por la libertad y democracia de Venezuela".

"Seguir luchando al frente de la conquista de los derechos humanos, lograr el respeto a la libertad porque en este país se perdió la libertad".

"¿Tú sabes qué quieren con esto? (…) quieren también [esconder] la corrupción que hay en Venezuela, esconder las pruebas de la violación de los derechos humanos que se ha dado en este país", indicó la fiscal.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyas decisiones desestima el gobierno, otorgó el viernes medidas cautelares de protección para Ortega, por considerar que su vida e integridad "enfrentan riesgo inminente de daño irreparable".

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