El gobierno de Donald Trump ordenó este jueves a los familiares del personal de su embajada en Caracas que abandonen el país a causa de los "crímenes violentos" y la falta "generalizada de alimentos y medicinas".
En la alerta de viaje, emitida por el Departamento de Estado de EEUU, el gobierno autoriza, además, la "salida voluntaria" de Venezuela de los empleados de la embajada a falta de tres días para las polémicas elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente.
"La situación política y de seguridad de Venezuela es impredecible y puede cambiar rápidamente", subrayó esta nueva advertencia de viaje del Departamento de Estado, que sustituye a la emitida el 15 de diciembre de 2016.
La alerta señala, además, que desde abril pasado hay manifestaciones "diariamente" en todo el país, que generalmente "provocan una fuerte respuesta policial" que incluye el uso de gas lacrimógeno o balas de goma contra los participantes.
Las "bandas armadas" asociadas con el régimen del mandatario venezolano Nicolás Maduro "frecuentemente usan la violencia para intimidar a los manifestantes", indicó también el Departamento de Estado al anotar que los enfrentamientos de los últimos meses han causado "más de 70 muertes".
La Casa Blanca aumentó la presión el miércoles contra el plan del gobierno venezolano de celebrar este domingo una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) al sancionar a trece funcionarios y ex funcionarios venezolanos, y alertó de que, de producirse, esa elección podría marcar el "fin de la democracia en Venezuela".
De los trece sancionados por el Departamento del Tesoro, cuatro son castigados por haber promovido la Constituyente o por "socavar la democracia o los derechos humanos en Venezuela".
Entre ellos destacan Elías Jaua, presidente de la Comisión Presidencial para la Constituyente, ministro de Educación y ex vicepresidente de Venezuela; y Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), que ha defendido la convocatoria.
El Tesoro también sancionó a una integrante de la comisión que dirige Jaua, María Iris Varela; y al defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, por considerar que no está cumpliendo su cometido de "defender los derechos humanos" en el país.
Con información de EFE
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