
En su habitual informe anual sobre terrorismo, el Departamento de Estado norteamericano volvió a denunciar este miércoles vínculos entre el régimen militar de Nicolás Maduro y el grupo terrorista libanés Hezbollah.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la organización terrorista española ETA son otros de los movimientos extremistas que recibieron el apoyo del gobierno chavista en los últimos años, según Washington.
"En mayo de 2016, el Departamento de Estado determinó, en conformidad con el artículo 40ª de la Ley de Control de Exportación de Armas, que Venezuela no estaba cooperando plenamente con los esfuerzos estadounidenses de lucha contra el terrorismo", comienza el informe correspondiente al país caribeño.
El texto sostiene que Venezuela mantuvo un ambiente permisivo que permitió el apoyo de actividades "que beneficiaron a grupos terroristas".
Este año Washington aplicó sanciones contra diversos funcionarios chavistas por sus vínculos con el narcotráfico y el terrorismo. Uno de los nombres más fuertes fue el del vicepresidente, Tareck El Aissami, a quien se acusa, entre otras cosas, de haber entregado pasaportes venezolanos falsos a terroristas de Hezbollah.

Al respecto, el Departamento de Estado repudió en su informe que el gobierno de Maduro no haya tomado ninguna medida contra altos funcionarios que cuentan con acusaciones "por ayudar materialmente a las actividades de tráfico de estupefacientes y de armas".
Incluso, el Código Penal venezolano determina procedimientos para procesar a personas vinculadas a actividades terroristas. No obstante, mientras funcionarios chavistas son investigados por sus nexos con grupos extremistas, el propio régimen de Maduro acusa a la oposición de "terrorista".
Uno de los casos que cita el texto es el de José Ignacio de Juana Chaos, el exmiembro de ETA, quien cumplió 21 años de prisión por el asesinato de 25 personas en una serie de ataques terroristas. El extremista se encuentra en Venezuela, país que no respondió al pedido de extradición por parte del gobierno español. El etarra es buscado desde 2010 por las autoridades por "glorificar el terrorismo".
El documento detalla que gran parte de la actividad del narcotráfico y el terrorismo que opera en el país se debe a la "vulnerable y susceptible seguridad fronteriza en los puertos".
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