El oficialismo venezolano dio este lunes un nuevo paso en su ofensiva contra la fiscal general Luisa Ortega, que enfrenta ahora una auditoría por presuntas irregularidades administrativas.
La inspección al Ministerio Público fue anunciada por el contralor general, de línea oficialista, Manuel Galindo, en momentos en que la fiscal asistía a una sesión en el Parlamento de mayoría opositora.
En una declaración pública, Galindo dijo que su despacho inició una "actuación de control fiscal" para evaluar los procedimientos administrativos, presupuestarios y financieros ejecutados por la Fiscalía durante la gestión de Ortega, iniciada en 2008.
La fiscal denunció ante el Legislativo "atropellos" por parte de los delegados de la Contraloría, que irrumpieron desde temprano en las sedes del organismo en distintos lugares del país.
Desde el Ministerio Público aseguran que la designación de Galindo no cuenta con la autorización de la Asamblea Nacional; en consecuencia, este último funcionario estaría en la actualidad "usurpando funciones", con las "graves consecuencias que ello acarrearía para la República al estar ilegalmente representada".
Ortega tildó esas diligencias de "guarimba", como el gobierno llama a la violencia que se produce en el marco de protestas opositoras cuya represión ya dejó más de 100 muertos desde el pasado 1 de abril.
Mensaje a los venezolanos #3Jul https://t.co/2xHqcqqhgY
— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) July 3, 2017
La funcionaria llamó además a superar esa "lógica de ejercito de ocupación", haciendo un paralelismo entre los operativos de la Contraloría -que vigila la conducta de los funcionarios públicos- y los violentos allanamientos de las fuerzas de seguridad en zonas residenciales.
Ortega aclaró, no obstante, que su despacho está abierto a que se "revisen todas las cuentas", siempre que se haga con "respeto".
La decisión del procurador estrecha aún más el cerco sobre la fiscal, que se distanció del gobierno hace tres meses luego de años de fidelidad al chavismo, por considerar que el presidente Nicolás Maduro rompió el hilo constitucional.
La funcionaria deberá comparecer el martes a una audiencia en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al gobierno y que evaluará un pedido del oficialismo de enjuiciar a Ortega por supuestas faltas en el cargo, a fin de que sea destituida.
Galindo advirtió que un eventual bloqueo a los auditores será sancionado, por lo que llamó a la Fiscalía a "facilitar" su trabajo.
Con información de AFP
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