Según el Foro Penal venezolano, las autoridades de su país arrestaron a 1.668 manifestantes en abril de 2017, una cifra que ascendió a 2.045 para el 10 de mayo.
Un hecho alarmante detrás de las detenciones es que ante la reticencia de algunos fiscales a presentar cargos contra varios protestantes, muchos individuos están siendo procesados en la justicia militar a pesar de que el artículo siete de la Constitución de Venezuela prohíbe juzgar de esta manera a sus ciudadanos.
Además, los detenidos son sometidos a duras penas, lo cual motivó a activistas de derechos humanos a denunciar excesos de represión, detenciones arbitrarias y torturas en las cárceles locales.
Particularmente, este lunes, el coordinador del Foro Penal en Carabobo, Luis Betancourt, confirmó haber recibido "muchas denuncias" de torturas y tratos crueles dentro de los centros de detención, según cita el periódico El Nacional.
"A la mayoría de los detenidos los golpean durante la aprehensión y el traslado al sitio de detención temporal, antes de ser presentados ante el juez. Ellos lo relatan en las audiencias de presentación. A uno lo golpearon y le pusieron una capucha negra en la cabeza; él pidió asistencia médica porque sentía que una costilla se le movía", dijo Betancourt.
Basándose en denuncias recientes de varias personas detenidas el pasado 4 de mayo -supuestamente por saquear una procesadora de alimentos en el sur de Valencia-, el abogado sostiene que las torturas reportadas parecen agravarse con el paso de los días.
"De un grupo de 40 detenidos por el supuesto saqueo, 37 denunciaron que los golpearon, les raparon el cabello, uno dijo que le apagaron un cigarro en el brazo y, de ese grupo, aproximadamente 15 denunciaron que los obligaron a comer pasta con excremento. Ellos contaron al juez militar que los funcionarios les ponían el polvillo de la bomba lacrimógena en la nariz para obligarlos a abrir la boca y entonces les metían la pasta con excrementos y los hacían tragar", relató Betancourt.
De acuerdo a la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes –aprobada unánimemente el 4 de junio de 2013 cuando Diosdado Cabello presidía la Asamblea Nacional-, el trato inhumano o degradante a una persona detenida establece prisión de 15 a 25 años para quienes cometan actos de tortura y de 13 a 23 años para los que incurran en tratos crueles.
No obstante, estas prácticas comienzan a ocurrir con frecuencia en la Venezuela de hoy con métodos cada vez más inhumanos que las autoridades llevan a cabo con impunidad.
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