Las 12 recomendaciones urgentes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el régimen de Nicolás Maduro se niega a cumplir

En una tensa sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la diplomacia venezolana se expidió formalmente este jueves sobre la batería de 274 recomendaciones que había recibido en noviembre del año pasado para mejorar la crisis que atraviesa el país. La ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, que lideró la comitiva de Caracas, aceptó avanzar en 193 de las sugerencias, pero rechazó 53 que atañen a los temas más sensibles, como la persecución política y la situación de los presos políticos.

Varela calificó de "sesgadas, confusas, políticamente mal intencionadas, elaboradas sobre bases falsas y contrarias al espíritu de cooperación y respeto", recomendaciones presentadas por países como Australia, Brasil, Irlanda, Canadá, España y Estados Unidos. El gobierno también rechazó invitar al país a los expertos de la ONU para que realicen un informe más profundo que el Examen Periódico Universal (EPU) presentado el año pasado, que se basa principalmente en la información aportada por organizaciones no gubernamentales.

Éstas son las 12 sugerencias más urgentes para normalizar la vida política del país, que Venezuela se niega a cumplir:

1. Garantizar el cese de la persecución y de la violencia política.

2. Asegurar la protección de los defensores de los derechos humanos.

3. Respetar las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, y adecuar la vigilancia de comunicaciones a las normas de derechos humanos.

4. Reconocer y restaurar las potestades de la Asamblea Nacional y respetar plenamente la democracia y la participación política.

5. Garantizar los derechos a los colombianos afectados por el cierre de fronteras.

6. Reducir los homicidios, combatir la impunidad y poner fin a los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.

7. Asegurar mejores condiciones de reclusión para el elevado número de personas detenidas y el excesivo hacinamiento en las cárceles.

8. Eliminar la instrucción premilitar en las escuelas.

9. Poner fin a la Operación Liberación y Protección del Pueblo, en el marco de la cual se realizan redadas policiales y militares en las que, según denuncias de distintas organizaciones, se producen violaciones a los derechos humanos que van desde ejecuciones extrajudiciales hasta detenciones arbitrarias y desalojos forzosos.

10. Ajustar la Ley de Educación a la protección del derecho a la autonomía y la libertad de cátedra.

11. Aceptar las visitas solicitadas por órganos de las Naciones Unidas y atender los llamados del Alto Comisionado.

12. Deponer la denuncia presentada por el gobierno contra la Convención Americana de Derechos Humanos.

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