
La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el hacinamiento de los centros de reclusión de Venezuela, tanto cárceles como calabozos estatales y municipales, que albergan aproximadamente a 85.000 personas y donde asegura que se han registrado varias muertes por desnutrición.
En la presentación del informe anual, el coordinador general del OVP, Humberto Prado, aseguró que el 95 por ciento de los penales en Venezuela están en riesgo crítico, y que es el hacinamiento una de las principales razones de la violencia que ocurre dentro de las prisiones.
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El reporte diferencia las cárceles venezolanas en dos grupos, uno que es el sistema nacional, dirigido por el Ministerio de Servicios Penitenciarios, que agrupa las penitenciarias y centros de máxima seguridad; y en otro grupo incluye a las comisarias y o calabozos preventivos controlados por autoridades municipales, regionales u organismos de investigación.
Los datos de la ONG aseguran que los centros penitenciarios bajo el control del Ejecutivo venezolano tienen una capacidad "de 35.562 y la población reclusa de 54.738", por lo que Prado asegura que la sobrepoblación es de un 53 por ciento.

Este número "sobrepasa cuatro veces el superior límite del hacinamiento crítico, del riesgo crítico", denominado por el OVP "condición de urgencia", que es cuando la sobrepoblación está por encima del 40 por ciento, afirmó.
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La información del OVP, sin embargo, no coincide con los datos oficiales del Ministerio Penitenciario que aseguró que en Venezuela existe una población de 54.116 reclusos, y una capacidad de ocupación penitenciaria de 82.736.
El OVP se refiere también a un incremento en la tasa de mortalidad desde 1999. Asegura que desde ese año "6.745 personas han fallecido dentro de la prisión", de los cuales 173 muertes se registraron en el 2016.
"Eso equivale más o menos a 12 cárceles y que les estallen una bomba y las vuelen con las personas adentro y unos 16.575 que han resultado heridos", aseveró Prado en referencia a las víctimas en los últimos 18 años.
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Sin embargo, la viceministra de Asuntos Sociales del Sistema Penitenciario venezolano, Mariely Valdez, dijo a EFE que la tasa de mortalidad dentro de los penales del país, con una población de casi 60.000 reclusos, ha sido del 4,2 por ciento en 2016, un porcentaje que consideró bajo y dentro del promedio aceptado.
Indicó además que este indicador se ha reducido desde que se creó el Ministerio Penitenciario en 2011.
"En el 2005 teníamos una tasa de mortalidad del 19,6 por ciento y ahora tenemos un 4,2 por ciento, esto no es solo la reducción y el control de la violencia, sino también de los índices de mortalidad en general", dijo.
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El informe del OVP estudia también los calabozos y los centros preventivos, controlados por policías municipales, regionales, y los cuerpos de investigación, donde sostiene que el problema es grave.
Prado asegura que unas 33.000 personas "se encuentran en calabozos policiales, personas hasta con cuatro años sin ver el sol", pese a que la capacidad de estos centros es de unos 8.000, lo que, según sus números, indica un 412,5 por ciento de hacinamiento.

El coordinador del OVV asevera que "las policías no tienen presupuesto para dar alimentación", a todos los reclusos, y esto degenera en problemas de desnutrición, que, afirmó, dejaron diez muertos durante 2016.
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Se refirió también a varios casos en comisaría del estado Lara (oeste) "donde han pasado unos hechos muy graves y ha habido por lo menos cinco personas que han sido decapitadas", dijo Prado y señaló tres supuestos casos de "canibalismo" en este estado y otro en el fronterizo estado Táchira.
"Cuando nos vamos a Polilara (la policía de ese estado), el problema que tienen estas personas, (es que) ellos tienen una población de 1.174 detenidos, y tienen una capacidad nada más para 239", agregó.
Asimismo, citó calabozos del estado Sucre (este) donde "en los centros de policía de los municipios (…) no tienen presupuesto para darle comida a la población reclusa".
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"Son 10 personas que murieron el año pasado por desnutrición", dijo y criticó que nadie asuma la responsabilidad de esas muertes.
La viceministra penitenciaria reconoció que en los calabozos existen problemas de hacinamiento, sin embargo aclaró que estos centros no son competencia del Servicio Penitenciario, que no admite a reclusos que aun no han sido procesados por la Justicia.
Venezuela, el tercer país con la menor población reclusa de la región, tiene un promedio de 166 privados de libertad por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales.
Sin embargo, el sistema penitenciario ha sido por años uno de los más violentos de América Latina, con centros controlados por los propios reclusos, con tráfico de armas, drogas, secuestro y extorsión.
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