
En Corea del Norte hay más presos políticos que reclusos culpables de delitos: se estima que entre 80.000 y 120.000 personas están en campos de trabajo forzado, mientras que 70.000 cumplen condenas por fraude, comercio ilegal, robo y homicidio, entre otros crímenes.
Ambas experiencias son kafkianas: según los sucesivos líderes de la dinastía Kim, los campos de trabajo forzado no existen y la prostitución, que unas 2.000 mujeres ejercen para funcionarios gubernamentales, mucho menos. Como en la novela El proceso, es común que a un detenido no se le informe de qué crimen se lo acusa. Las salas para interrogatorio se denominan "casas de huéspedes"; la rama del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) a cargo de los campos, Oficina de Agricultura.
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El trabajo forzado es la norma; también lo son el hambre, las agresiones sexuales y la tortura. "En muchas instancias, las violaciones de los derechos humanos son crímenes contra la humanidad", definió la Organización de las Naciones Unidas (ONU) luego del examen de una comisión especial. "No son meros excesos del Estado. Son componentes esenciales del sistema político".
Llamativamente, hay más variedades de prisiones convencionales que de centros de detención de disidentes y sus familiares. El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) se ocupa de las cuatro clases de "cárceles no políticas", como las distinguieron Daniel Tudor y James Pearson en su libro North Korea Confidential. Los campos, en cambio, dependen del DSE.
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Al kuryujang, algo parecido a una estación de policía, se llega inmediatamente después de un arresto. Allí se interroga al detenido, que luego pasa a una institución con calabozos, el jipgyulso, donde habrá de permanecer mientras dure la investigación o hasta que el MPS decida si el caso le corresponde o si es un tema del DSE.
Los autores dan el ejemplo de un persona detenida por cruzar la frontera hacia China. Aunque nadie puede salir de Corea del Norte sin autorización del gobierno de Kim Jong Un, si su cruce fue político —por ejemplo, tuvo contactos que revelaran sus intenciones de huir a Corea del Sur— pasará a manos de la seguridad del Estado, mientras que si su cruce fue para trabajar o hacer negocios, permanecerá bajo el control del MPS y cumplirá una sentencia de varios meses o un año.
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En ese caso, la tercera variedad de prisión común es la rodong danryondae, un centro de capacitación y trabajo. La capacitación consiste en propaganda oficial; el trabajo es forzado. "La intención del Estado es readoctrinar al prisionero antes de regresarlo a la sociedad", explicaron Tudor y Pearson. "La disciplina es estricta y la violencia es común. La seguridad, sin embargo, es relativamente poca, y se dan casos de escapes".
En la rodong danryondae el hombre que viajó para comerciar a China convivirá con ladrones, usuarios de celulares extranjeros y pequeños traficantes de metanfetamina, pero también —debido a la obsesión de Pyongyang con lo que denomina "higiene social"— con hombres que se atrevieron a llevar el pelo largo. En la sección de mujeres, suele haber jóvenes detenidas por llevar jeans ajustados.
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La última ubicación del preso por delitos es el gyohwaso, un lugar para "la mejora mediante la educación", donde se ingresa con una sentencia de varios años para la que no hay opciones como la reducción por buena conducta o la libertad condicional. Solo se puede escribir al Líder Supremo para solicitar su clemencia. O, si la familia tiene recursos, sobornar al funcionario adecuado.
"La vida en un gyohwaso es excepcionalmente dura", según North Korea Confidential. Los autores reflejan los testimonios de ex presos del Gyohwaso 12 —una cárcel para 3.000 hombres y 1.000 mujeres, ubicada cerca de la frontera china— que revelaron el uso del hambre como factor de control. "Las raciones son tan míseras que resultan debajo del nivel de subsistencia, lo cual obliga a los reclusos a comer los insectos y los roedores que puedan atrapar", describieron. "Es común que quienes cumplen condenas allí bajen 30 kilos. Muchos terminan por morir de hambre".
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Otros mueren por trabajar 14 horas en la mina de cobre del campo o por accidentes en la fábrica de muebles del lugar. Un intento de escape se paga con la ejecución pública.
La cárcel política se denomina gwalliso y es similar a la prisión común más cruel, "solo que lleva esa brutalidad a un nivel extraordinario", según Tudor y Pearson. Los que allí entran pierden la esperanza de salir —salvo en el Campo 15 de Yodok, donde hay una Zona de Transformación Revolucionaria para los considerados redimibles— y dejan de ser ciudadanos.

Comenzaron a finales de la década de 1950, cuando Kim Il Sung se inspiró en los gulags de Stalin en la Unión Soviética. Actualmente hay unos cuatro en funcionamiento, todos Zonas de Control Total a excepción del 15. A los prisioneros se los priva de todo contacto con el mundo exterior y hasta del adoctrinamiento, ya que "no merecen más que la muerte, pero gracias a la bondad del Estado se les permite pasar sus días finales como trabajadores forzados", se resumió en la investigación.
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El sistema de prisión política no es algo desconocido, pero Corea del Norte se diferencia de otros países a lo largo de la historia porque la detención no le sucede solo al disidente, sino a familias enteras y a lo largo de tres generaciones, por lo cual hay gente que nace en un campo de detención. Es el caso de Shin Dong-hyuk, quien contó su historia al periodista Blaine Harden para el libro Escape From Camp 14.

El principio del yeonjwaje, o culpabilidad por asociación, funciona como un disuasivo al que todo el mundo teme. "Un hombre que distribuye panfletos anónimos que critican el dominio de la familia Kim, por ejemplo, puede ir al campo con sus hijos, sus hermanos y sus hermanas solteras y sus padres. Su esposa puede ser perdonada si accede a divorciarse de inmediato", ilustraron los periodistas británicos.
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El gwalliso depende de la seguridad del Estado, no del ministerio que regula las detenciones por delitos. A diferencia del vasto MSP, de 200.000 miembros, el DSE tiene un personal de 50.000 personas. Su función principal es la de policía secreta: vigilancia, incluida la red de telefonía celular Koryolink y los oficiales norcoreanos en el exterior.

Su ramificación entre los habitantes es el inminban, o la unidad barrial, un colectivo que se reúne una o dos veces por semana para transmitir la ideología del Estado o para sesiones de autocrítica. Y, principalmente, para espiar al vecino.
"Dentro de cada inminban hay por lo menos un informante del DSE y uno del MSP", señalaron Tudor y Pearson, ya que los dos organismos de control represivo compiten en una pelea interna constante.
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"Si alguien denuncia que uno dijo 'Kim Jong Un es demasiado joven para gobernar este país' o 'La madre de Kim Jong Un nació en Japón y su padre trabajaba para el Ministerio de Guerra japonés' [ambos datos son verdaderos], los funcionarios del DSE van a estudiar sus antecedentes", explicaron los autores.

Un funcionario toca a la puerta. Se lleva al detenido, y a veces a la familia, junto con sus posesiones. A veces a la gente le solicita que se entregue, directamente: una propuesta que nadie puede rechazar, porque hacerlo implicaría empeorar las cosas.
Si es la primera vez que se le atribuye algo así, uno podría ni siquiera enterarse de que el Estado lo ha investigado; o acaso no enterarse hasta que, años más tarde, cuando un familiar huya a Corea del Sur, por ejemplo, se lo detenga. Pero si el DSE decide que uno es culpable —no hay tal cosa como juicio— de un crimen contra el Estado, uno habrá de confesarlo todo. Porque hasta que no lo haga lo interrogarán con violencia. Muchos mueren por los golpes.
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