La insólita edad a la que el presidente de Filipinas quiere bajar la imputabilidad penal

Es parte de la brutal guerra contra las drogas que lleva adelante Rodrigo Duterte que implica una variedad de abusos estatales y se concentra en los eslabones más delgados del tráfico. El mandatario llamó a los niños muertos por la violencia “daño colateral” y propuso detener a una “generación de delincuentes”

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El presidente de las Filipinas, Rodrigo Duterte, lleva siete meses y unos 7.000 muertos en lo que llamó su "guerra contra las drogas". Entre los muertos hay niños, que quedaron en el fuego cruzado entre el delito, la ley y las bandas estatales de represión y ejecuciones sumarias. Ahora estarán también entre los perseguidos: el mandatario y sus aliados políticos apoyan una ley que se propone reducir la edad de imputabilidad penal de 15 a 9 años.

Miles de niños filipinos han perdido a un padre o una madre, por lo general el sostén de la familia, por causa de la violencia. Y otros tantos —observó Emily Rauhala en The Washington Post— "han sido testigos del espectáculo macabro de un festival de muertes respaldado por el Estado, o han sobrevivido a tiroteos agazapándose, o han visto cuerpos mutilados y arrojados en las acequias donde los niños juegan a las escondidas".

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Duterte describió la ley que propone como una manera de detener a una "generación de delincuentes" en el mismo momento en el que se inician en el crimen. A los ladrones y traficantes en edad escolar "hay que enseñarles responsabilidad", dijo. El borrador del texto menciona entre sus considerandos la manera en que las autoridades "miman" a los delincuentes juveniles.

Rodrigo Duterte
Rodrigo Duterte

"La guerra contra las drogas ha sido violenta", dijo Rowena Legaspi, del Centro de Derechos y Desarrollo de Niños, a The Washington Post. "Esto es un esfuerzo por extender la campaña criminalizando a los menores y legitimando la violencia estatal contra los niños". Para la directora ejecutiva del grupo que documenta el impacto de la violencia en la minoridad la perspectiva oficial está equivocada: "Sí, hay niños a los que las mafias usan para cometer delitos, pero destacamos que esos niños son víctimas". La nueva ley le otorgará a la policía —conocida por la violencia de sus intervenciones y la impunidad con que actúa— espacio para encontrar sospechosos entre esas víctimas pequeñas.

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A Duterte no le interesaron esos puntos de vista ni los de otros grupos de derechos humanos que argumentaron contra el proyecto por contraproducente y cruel. "En mi país, ninguna ley me prohíbe que amenace a los delincuentes", dijo en una entrevista con Al Jazeera. "No me importa lo que digan los tipos de los derechos humanos. Tengo el deber de preservar la generación. Si involucra a los derechos humanos, no me importa. Tengo que provocar miedo".

En esa ocasión, el presidente filipino habló de dos niños muertos en dos semanas: una niña de cinco años, a la que dispararon asaltantes desconocidos que irrumpieron en su casa para buscar a su abuelo, sospechoso de tráfico, y un chico de cuatro años que recibió una bala inadvertidamente durante una operación para detener a su padre. "Son daños colaterales", dijo Duterte. "Tenemos 3 millones de adictos, y en aumento. Así que, si no prohibimos esto, la próxima generación va a tener un problema serio".

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La gran mayoría de los asesinatos por el combate al narcotráfico son, en realidad, adictos o vendedores minoristas. Un informe de Amnistía Internacional calificó a la guerra contra las drogas de Duterte como una "guerra contra los pobres". De los 7.000 muertos, la mayoría trabajaba en la economía informal de Filipinas, como conductores de bicitaxis o vendedores ambulantes de comida. "Las familias de los barrios marginales de Manila luchan para pagar los gastos escolares o comprar alimentos suficientes, cuando no tienen que pagar funerales", escribió Rauhala.

"Los asesinatos perpetúan el ciclo de pobreza que atrapa a los niños y a los jóvenes en el negocio de las drogas, dicen los defensores de menores". Llevarlos a la cárcel desde los nueve años sería una inmersión más rápida en los estudios criminales: los niños estarían presos con adultos o adolescentes que ya cometieron, por ejemplo, homicidios.

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