
El Ministerio de Justicia de Turquía reclamó a Estados Unidos la detención del predicador islamista Fethullah Gülen por el fallido intento de golpe del 15 de julio, según informa hoy el diario Hürriyet.
El Gobierno de Recep Erdogan acusa al predicador de planear y dirigir el golpe de Estado, algo que Gülen siempre negó.
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Es la primera vez que las autoridades turcas demandan oficialmente el arresto provisional del predicador residente en EEUU desde 1999, aunque el pasado mes ya solicitaron la extradición, pero por otros cargos.
Por su parte, funcionarios estadounidenses respondieron que sólo pueden dar ese paso si se entregan pruebas que incriminen al predicador. Si bien ambos países cooperaron mutuamente, la importancia del asunto puede generar tensiones entre estos dos aliados en la OTAN.
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Barack Obama, prometió en la pasada cumbre del G20 al jefe del Estado turco que su país cooperará en llevar a los responsables del golpe ante la Justicia.
La extradición de Gülen deterioró la imagen de Estados Unidos en Turquía, y la prensa progubernamental turca especuló en ocasiones sobre la implicación de Washington en el golpe. El propio vicepresidente de EEUU, Joe Biden, tuvo que hacer frente y desmentir esas acusaciones públicamente durante su visita a Turquía el 24 de agosto.
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"Tenemos cero interés en proteger a alguien que pueda ser extraditado. Pero estamos obligados por la ley. El tiempo que se tarde (en la extradición) es el tiempo que se tarde en reunir pruebas", dijo Biden.

Erdogan recordó a Biden en ese encuentro que el acuerdo de extradición entre ambos países contempla medidas como la detención provisional y exigió que se aplicara:"Según el acuerdo de extradición entre Estados Unidos y Turquía, esta clase de gente debe como poco ser detenida, arrestada y mantenida bajo vigilancia. Pero ese individuo sigue dirigiendo su organización terrorista desde su paradero actual", dijo Erdogan.
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El Gobierno turco acusa a la cofradía religiosa de Gülen de haberse infiltrado en el aparato del Estado y desde el golpe depuraron decenas de miles de funcionarios del Ejército, la Judicatura, la administración y la enseñanza. Los detenidos por su presunta vinculación con el golpe superan las 20.000 personas.
Fuente: EFE/AP
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