
Los espías británicos tendrán el permiso oficial para seguir recolectando grandes cantidades de información proveniente de correos electrónicos y otras plataformas informáticas por las nuevas políticas que legislará el gobierno de Reino Unido para evitar amenazas y ataques terroristas.
David Anderson es un consultor estratégico que trabaja de manera independiente para el gobierno y el Parlamento en la revisión de leyes anti-terroristas. Su informe oficial titulado "Report of the bulk powers review" ("Informe sobre la revisión de grandes cantidades de información") detalla en 192 páginas los motivos por los cuales, en ciertos casos, es necesario interceptar comunicaciones.
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Anderson llegó a la conclusión, en su informe, de que "no existe otra alternativa" para el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ) y los servicios de inteligencia interno (MI5) o externo (MI6) que la de interceptar información en la lucha contra el terrorismo.
De la misma manera, el alcance de las normas establecidas de parte de las autoridades autoriza el hackeo de teléfonos celulares y computadoras "en principio" con grandes reservas en caso de ser necesario.
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La portada del informe presentado por David Anderson
El informe fue ordenado por la actual primera ministra, Theresa May, cuando se encontraba todavía a cargo del Ministerio del Interior y fue en respuesta a las dudas planteadas en el Parlamento por el bloque del Partido Laborista durante el debate sobre un proyecto de ley que otorga 'Poderes de Investigación' a las agencias de gobierno.
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El especialista explica en su informe para la revisión de esa ley que el "las grandes cantidades de información recolectadas deben estar a disposición de las autoridades, sin importar si esta información fue recolectada y guardada por el Gobierno o por una compañía privada".
El uso operacional de este tipo de vigilancia conocida como "interferencia masiva de equipos" todavía no fue probada porque, según Anderson, no fue necesario utilizarla.
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El proyecto contempla "la intercepción de comunicaciones, interferencia de equipos y adquisición o retención de información en grandes cantidades de datos personales".
La investigación realizada por Anderson y su equipo le dio acceso a detalles secretos sobre las operaciones militares británicas en Afganistán y otros países para analizar el uso de estos datos. El objetivo del trabajo fue colocar en un marco legal el pedido del gobierno, frente a los críticos de esta política de seguridad que la califican como una vía libre "para los fisgones a la carta".
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En un comunicado oficial, la primera ministra aseguró: "El reporte del señor Anderson demuestra la importancia de acceder a grandes cantidades de información según establece el proyecto de ley de 'Poderes de Investigación' que son cruciales para nuestras agencias de inteligencia y seguridad", de la misma forma May sostuvo que esas facultadas "ofrecen los únicos medios por los que las agencias podrán proteger a los británicos de graves ataques".
Los argumentos legales y técnicos expresados en el reporte fueron ampliamente aceptados por todos los sectores de la política de Reino Unido, incluyendo partidos que se opusieron al proyecto como el laborismo u otros que no tenían una posición fijada al respecto como los demócratas liberales.
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