Reducen sentencias a cambio de vasectomías: la polémica oferta de un juez de Tennessee

En el Condado de White, en el estado de Tennessee, la población carcelaria ha recibido una oferta sin precedentes: los varones que acepten una vasectomía y las mujeres que acepten un implante anticonceptivo podrán salir en libertad 30 días antes.

Hasta el momento, 32 mujeres aceptaron colocarse en sus brazos una varilla de Nexplanon, que previene embarazos por hasta cuatro años, y 38 varones están a la espera de una vasectomía. Ambos servicios se prestan gratuitamente en instalaciones públicas de Tennessee, Estados Unidos.

El programa de reducción de condena a cambio de control de la natalidad es una idea del juez Sam Benningfield, a cargo de cuestiones civiles generales de los tribunales con sede en la ciudad de Sparta. Explicó en mayo, cuando lo puso en marcha: "Espero darles ánimo para que [los reclusos] asuman responsabilidades personales, y darles una oportunidad, cuando salgan libres, de no cargar con hijos. Eso les permitiría la posibilidad de empezar de nuevo y hacer algo con sus vidas".

La Unión por los Derechos Civiles de los Estados Unidos (ACLU) denunció el programa: "Ofrecer una presunta 'elección' entre pena de prisión y anticoncepción o esterilización forzadas es inconstitucional. Semejante elección viola el derecho constitucional fundamental a la autonomía reproductiva y la integridad del cuerpo".

El magistrado argumentó que intenta romper el ciclo de reincidencias por cargos vinculados con las drogas y reducir el número de personas que no pueden pagar la manutención de menores porque tienen dificultades para conseguir un empleo. "Sé que no tendrá éxito total, pero si alcanza a dos o tres personas, acaso eso sean dos o tres niños que no nacen bajo una intoxicación por drogas. Creo que todos ganan".

Entre las críticas numerosas que comenzaron a circular por los medios principales del país se destacan que restringir la libertad de tener hijos no tiene que ver con rehabilitar a quien haya cometido un delito a diferencia de, por ejemplo, programas de capacitación laboral que se podrían pagar con esos mismos fondos públicos.

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