EEUU refuerza las medidas para impedir el lavado de dinero con inmuebles de Miami y Nueva York

Luego que funcionarios extranjeros corruptos fueran sorprendidos invirtiendo dinero sucio en EEUU, el Departamento del Tesoro anunció que intensificará su operación contra las transacciones secretas. Un abogado especializado en temas de lavado, ex policía de Miami, explicó para Infobae la situación

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Miami es una de las principales ciudades en la que se enfoca esta operación de EEUU para frenar el lavado de dinero (Shutterstock)
Miami es una de las principales ciudades en la que se enfoca esta operación de EEUU para frenar el lavado de dinero (Shutterstock)

El gobierno de los Estados Unidos anunció nuevas medidas dentro de la operación contra el lavado de dinero en transacciones secretas y en efectivo por costosas viviendas en el condado Miami-Dade y en Manhattan.

Debido a que los compradores pueden encubrir su identidad en compañías con fachadas poco transparentes, los reguladores afirman que la compra de viviendas en efectivo es un imán para el lavado de dinero. Funcionarios extranjeros corruptos, narcotraficantes y otros transgresores de la ley han sido sorprendidos invirtiendo dinero sucio en bienes inmobiliarios de Estados Unidos.

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Una agencia del Departamento del Tesoro de EEUU había dicho en enero que daría una orden temporal a las compañías aseguradoras de títulos para que identifiquen a los verdaderos propietarios de empresas fachadas que paguen USD 1 millón o más en efectivo por viviendas en Miami-Dade y USD 3 millones o más por viviendas en Manhattan.

La nueva orden requerirá que las aseguradoras de títulos hagan el mismo tipo de reportes por transacciones de USD 1 millón o más en los condados Broward y Palm Beach, resaltando el estatus del sur de la Florida tanto como uno de los mercados inmobiliarios de lujo más destacados del país como por un escondite de fondos ilícitos de todo el mundo, según señaló El Nuevo Herald.

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Según explicó a Infobae Richard Díaz, abogado especializado en temas de lavado de activos, la medida es una ampliación de las ciudades a las que se le exige información y "tendrá un impacto inmediato" entre las personas alcanzadas. Para Díaz, este grupo sería, en su gran mayoría, extranjeros que salieron impunes de su país tras cometer acciones que sí son delitos en EEUU, y han levantado sospecha en las autoridades por sus millonarias compras y un estilo de vida lleno de lujos. A algunos, incluso, no se les conoce ocupación actual.

"Muchos se creen intocables. Los que no son arrogantes, se darán cuenta del peligro que se avecina, arreglarán sus impuestos y dejarán de usar descaradamente el sistema bancario estadounidense para lavar dinero. Los que no se acojan a esta amnistía u oportunidad, en los próximos meses la ley les quitará la máscara, congelará las cuentas y posiblemente habrá deportaciones", indicó.

Díaz, ex agente antidrogas de la Policía de Miami, aseguró estar sorprendido por la demora en iniciar la investigación: "En los años '90 hubo una explosión de mafia rusa, por ejemplo. Pero hoy la situación es incontrolable. Hay una riqueza absurda,  que es inexplicable por parte de los que recién llegan. Pero el enfoque de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico ha cambiado. Se han dado cuenta que es mejor atacar los bolsillos de los capos que los envíos de droga".

La nuevas disposiciones también ayudarían a alcanzar las sociedades creadas en Delaware y otros estados con regulaciones que favorecen el secreto bancario. Aunque muchos datos todavía permanecerían ocultos, la Justicia podría conseguir información sobre los encargados de trámites de la empresa, como los contadores, y así estar más cerca de llegar a los verdaderos dueños de las firmas.

"Este es un país que perdona mucho, pero si estás en el radar, es más difícil desatar el problema. Aún así, algunas personas no entienden la extensión del brazo norteamericano en el extranjero", resaltó Díaz.

La operación, conocida como "orden de enfoque geográfico" (GTO), se pondrá en vigor el 28 de agosto y durará 180 días. Además, la misma aumenta los requisitos de reporte en Miami y Manhattan.

En Nueva York, la orden se aplica a los otros cuatro municipios de la Ciudad de Nueva York (Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island) por USD 1.5 millones y más.

La investigación en Nueva York se aplica sobre Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island (EFE)
La investigación en Nueva York se aplica sobre Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island (EFE)

Además, la nueva directiva pide incluir en la investigación las transacciones de USD 2 millones o más en los condados San Diego, Los Ángeles, San Francisco, San Mateo y Santa Clara en California, y USD 500.000 o más en el condado Bexar, Texas, que incluye a San Antonio.

"La información que hemos obtenido de nuestros GTO sugiere que estamos en el camino correcto", dijo Jamal El-Hindi, director interino de la Red Policial de Crimen Financieros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCen), la agencia del Tesoro que emitió la orden, en un comunicado. "Al expandir las GTO a otras ciudades importantes, aprenderemos aún más sobre los peligros de lavado de dinero en los mercados inmobiliarios nacionales, lo cual nos ayudará a determinar nuestro futuro curso regulatorio".

Alrededor de un cuarto de las transacciones reportadas en Miami y Manhattan involucraron a personas que eran, por su parte, tema de reportes de actividades sospechosas hechos por bancos y otras instituciones financieras, indicando posibles actividades criminales, de acuerdo con el FinCen.

En una llamada en conferencia con periodistas, un funcionario de FinCen dijo que entre las instancias de actividad sospechosa estaban transferencias bancarias por un monto de USD 7 millones desde Sudamérica, cheques falsos y el retiro de USD 16 millones en efectivo, pero no dio detalles.

La agencia dijo que ellos seleccionaron esos nuevos mercados debido a su popularidad entre los compradores extranjeros y sus altas concentraciones de fachadas. La información que pueda extraerse de la expansión de la supervisión podría usarse para elaborar regulaciones permanentes.

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