Hacinamiento en las cárceles de Valledupar supera el 900 %: Procuraduría

Aunque no es la única ciudad en la que se han prendido las alarmas por el hacinamiento en los centros carcelarios, este viernes 2 de diciembre la Procuraduría General de la Nación emitió una alerta frente al estado en el que se encuentran las cárceles y centros de reclusión de Valledupar, luego de que realizara una visita a sus instalaciones.

En efecto, la Comisión Extraordinaria enviada por la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, y liderada por el delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, encontró niveles de hacinamiento que superan el 900 %, serios problemas de salud entre la población que se encuentra privada de la Libertad y una serie de fallas estructurales en las instalaciones que requieren intervención urgente.

Con esta información en mano, el Procurador Delegado sostuvo una mesa de trabajo interinstitucional para definir una serie de medidas de atención y compromisos urgentes frente a la situación.

Vale referir que el caso de hacinamiento más grave se encontró en la estación de Policía “La Permanente”, donde se encuentran privadas de la libertad 558 personas en un espacio con capacidad para 60, para un hacinamiento del 930 %.

Esto, como era de esperarse, ha tenido un impacto devastador sobre las condiciones de vida y salud de las personas, descontando que en ese espacio se han presentado graves vulneraciones a los derechos humanos y en estos momentos se tiene identificado un brote de tuberculosis.

Así mismo, en la cárcel judicial del municipio se pudo determinar que esta es una construcción con 52 años, cuya infraestructura requiere intervenciones inmediatas. Adicionalmente, cuenta con capacidad para 256 personas privadas de la libertad y en el momento hay 612 internos (228 son condenados y 384 sindicados), para un hacinamiento del 245 %.

También en el Centro Penitenciario de Alta y Media Seguridad, conocido como la Tramacúa hay 1.498 personas detenidas, con una sobrepoblación que asciende al 3,2 %. Allí el equipo de la Procuraduría pudo establecer que se requieren mejoras locativas en las áreas de preparación de los alimentos y en uno de los pabellones con capacidad para 160 personas, en donde a la fecha solo hay 15 personas debido a la necesidad de realizar reparaciones estructurales.

Finalmente, en el recorrido que se adelantó por la Unidad de Reacción Inmediata, (URI) de la ciudad, se evidenció que hay 60 personas privadas de la libertad, hombres y mujeres, en un espacio adecuado apenas para 15 personas, lo que se ha traducido en un hacinamiento del 300 %.

El recorrido estuvo acompañado por los directores del INPEC y la USPEC, el director de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia, el defensor Delegado para la Política Criminal Carcelaria, el presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, los procuradores Regional de Cesar y Provincial de Valledupar, el defensor Regional del Cesar, el personero de Valledupar y el secretario de Gobierno del municipio, quienes también participaron de la mesa de trabajo para definir medidas de atención y compromisos urgentes frente a la situación.

A este respecto vale recordar que el pasado jueves 15 de septiembre el ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció cuáles serían las medidas especiales del Gobierno nacional para enfrentar la problemática del hacinamiento carcelario en el país, en una propuesta que expuso ante la Comisión de Derechos Humanos realizada en la Cámara de Representantes.

“Elaboraremos y discutiremos con ustedes, y con la sociedad en general, algunos proyectos de ley dirigidos a disminuir el carácter punitivo”, explicó el funcionario del Gobierno. Ese sistema, para él, no ha conseguido resolver muchos problemas sociales y concluyó que “el derecho penal no es la mejor solución”.

En su momento, el ministro también aseguró que es necesario evaluar si las personas privadas de la libertad podrían tener algunas alternativas para la resocialización. “Si han cumplido una buena parte de la condena, podrían obtener algunos beneficios penales como detención domiciliaria o un sistema de libertad parcial con cárcel de noche y posibilidad de trabajar de día”, agregó.

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