A Colombia le costará 129,5 billones de pesos (unos 44.000 millones de dólares) en los próximos 15 años implementar el acuerdo firmado con la guerrilla FARC para superar más de medio siglo de conflicto armado, informó el viernes el ministerio de Hacienda.
El punto más costoso de los seis pactados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tras cuatro años de negociaciones en Cuba, es el de reforma rural integral, con 110,6 billones de pesos (unos 37.400 millones de dólares), es decir el 85% del total, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2017 presentado esta semana por la cartera.
En este apartado se incluyen el proceso de restitución y formalización de tierras, asistencia técnica a los campesinos, capacitaciones, proyectos productivos, seguridad alimentaria y reducir la brecha de pobreza entre campo y ciudad, agregó.
Las FARC, alzadas en armas contra el Estado en 1964 tras una sublevación campesina y actualmente en proceso de desarme, consideran el tema de las tierras como la piedra angular de la conflagración.
El segundo acuerdo más costoso es el de solución al problema de drogas ilícitas, con 8,3 billones de pesos (unos USD 2.800 millones), que incluye erradicación y sustitución de cultivos ilícitos.
Colombia es el principal cultivador mundial de hoja de coca, materia prima de la cocaína, con 96.000 hectáreas de sembradíos, y también el mayor productor de esa droga, con 646 toneladas en 2015, según la ONU.
En el pacto firmado en noviembre, la guerrilla se compromete a combatir el narcotráfico, que desde 1980 es el combustible de la guerra interna.
La participación política de las FARC, que pasarán a ser un movimiento político legal, valdrá 4,3 billones de pesos (unos 1.450 millones de dólares).
Esta cuestión incluye la creación y el establecimiento de mecanismos de protección para los rebeldes que ejerzan la política, y la ampliación y creación de radios y canales de TV, entre otros.
La reparación de las víctimas de los enfrentamientos se calcula también en 4,3 billones de pesos, pero no incluye los resarcimientos individuales, ya considerados una política de Estado, sino la creación y consolidación de mecanismos para garantizar los derechos humanos y evitar futuras violaciones.
Y, por último, el apartado del fin del conflicto, que establece pasos para lograr una salida exitosa de la guerra, el desarme de las FARC y su paso a la vida civil, representará 1,9 billones de pesos (unos 643 millones de dólares).
Crecimiento económico
"Estas inversiones del Estado además generarán dividendos sobre el crecimiento económico, pues complementarán e incentivarán la inversión privada que a su vez impulsará mayor crecimiento y una reducción en las tasas de interés", reza el texto.
Según el ministerio de Hacienda, la paz con las FARC representará un crecimiento promedio de 0,30 puntos porcentuales en el PIB durante los próximos 15 años. El "pico" del dividendo de la paz se proyecta para 2024 y 2026, cuando ascenderá a un crecimiento de 0,40 puntos porcentuales.
Colombia, la cuarta economía de América Latina según el Banco Mundial, creció 2% en 2016 y para este año prevé un aumento de su PIB de 2,3%.
Las inversiones serán de orden nacional pero se priorizarán en los 170 municipios más afectados por el conflicto, con mayor debilidad institucional y con presencia de economías ilegales.
El gobierno prevé financiar el acuerdo con recursos de diversas fuentes: 36% será aportado por el presupuesto nacional, 29,2% por el Sistema General de Participaciones (dineros que la nación transfiere a las entidades territoriales), 15,2% por del Sistema General de Regalías (fondos de la explotación de recursos naturales no renovables), 4,3% por entidades territoriales, y 15,4% a través de inversión privada y cooperación internacional.
"La principal conclusión de estos ejercicios es que se cuenta con los recursos necesarios para la implementación del Acuerdo Final", apuntó.
Colombia vive un conflicto armado que ha enfrentado a guerrillas, paramilitares y agentes estatales, dejando 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 7,1 millones de desplazados.
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Rodrigo Almonacid para AFP
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