El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, denunció este lunes al presidente Michel Temer por "corrupción pasiva" ante el Tribunal Supremo. Ahora, el caso será analizado por la Corte y luego podría pasar al Congreso.
El primer análisis de la denuncia será hecho por el juez Edson Fachin, instructor del caso en la Corte Suprema, quien decidirá luego si la remite a la Cámara Baja, que tendrá la última palabra sobre el asunto por normas constitucionales.
Es la primera vez que un mandatario brasileño en pleno ejercicio del poder es acusado formalmente de haber cometido delitos de tipo penal, como es el caso.
En caso de que el juez Fachin considere procedente la denuncia, la decisión final será tomada por la Cámara de Diputados, que la analizará primero en la Comisión de Constitución y Justicia y luego en el pleno del órgano legislativo.
Si los diputados avalan la denuncia con una mayoría de dos tercios del pleno, Temer sería suspendido de sus funciones durante un plazo de 180 días y su vacante sería cubierta en forma interina por el presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia.
Si finalmente es condenado, en un plazo de 30 días Maia debería convocar a las dos cámaras legislativas para elegir en forma indirecta a quien completaría el período presidencial, que concluye el 1 de enero de 2019.
Sin embargo, todo eso quedaría en nada si la Cámara rechaza la denuncia. Ante ese escenario, el Tribunal Supremo se vería obligado a archivar el caso y el presidente continuaría en el poder.
Los legisladores del oficialismo confían en que tienen los votos necesarios para evitar que se consiga la mayoría de dos tercios.
La denuncia de Janot tuvo lugar el mismo día que la Policía Federal acusara al mandatario de haber "obstaculizado" las investigaciones por corrupción y de haber omitido información a las autoridades.
Estas denuncias se desprenden de las confesiones realizadas por directivos del gigante frigorífico JBS, quienes revelaron a las autoridades pagos de sobornos al presidente desde 2010. Además, entregaron a la Justicia unas grabaciones que dejaron muy comprometido al jefe de Estado.
En esos audios, Temer escucha en silencio y hasta consiente unas maniobras irregulares que el dueño de la empresa, Joesley Batista, dice que realiza en favor de su grupo tanto con autoridades del Gobierno como con representantes del poder judicial.
Las grabaciones fueron hechas por Batista durante una visita que hizo al mandatario en marzo pasado, por lo que se sospecha que es esos actos fueron concebidos en el ejercicio de su mandato, algo que la Constitución impone como requisito para que un gobernante pueda ser objeto de un proceso penal.
Con información de EFE
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