Durante una vista judicial, Baldetti, que se declaró inocente de los cargos y que aseguró que esta acusación es una "venganza", dijo que se "allanaba" y que acepta así su extradición a EEUU, tras ser requerida por el Distrito de Columbia por los delitos de "asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas".
Según la investigación, la ex vicepresidenta, presa en Guatemala por varios casos de corrupción, recibió hasta 250.000 dólares del cártel mexicano cuando era candidata del Partido Patriota (PP), por el que resultó electa, y a cambio utilizaría su influencia para permitir a los Zetas traficar cocaína a través de Guatemala hacia México para su eventual introducción hacia Estados Unidos.
El Tribunal Quinto de Sentencia Penal ha dado un receso para ver si acepta que se le extradite, pues la Fiscalía ha solicitado que se espere mientras los procesos que tiene abiertos en Guatemala no terminan y la defensa, en cambio, exhortó a que el traslado se haga de manera inmediata.
Baldetti, que compareció por videoconferencia desde la prisión Santa Teresa, dijo que tiene "muchos enemigos" y reiteró que es inocente y que no pondría en riesgo la vida de sus hijos y la de su familia.
"Yo me declaro inocente señor juez, yo tengo dos hijos y sé que esa gente se cobra con la vida. Yo no colaboré con esa gente. Me declaro inocente de todos los casos que me han abierto en Guatemala", resumió.
La acusación asegura que los 250.000 dólares fueron entregados a la exvicepresidenta a través de "sus agentes durante el 2011", a los que no se identifica pero que supuestamente ella designó a propósito para esta misión.
Además establece que Baldetti pidió a los Zetas que le proporcionaran seguridad armada durante sus mítines de campaña, "lo cuál ellos hicieron" desde noviembre de 2010 a enero de 2012, por ejemplo con guardias de seguridad armados en un acto en el departamento de Huehuetenango.
Baldetti se convirtió en vicepresidenta el noviembre de 2011, cuando venció en la segunda vuelta electoral junto a su compañero de fórmula para la presidencia, Otto Pérez Molina, también en prisión preventiva por su presunta implicación en varios casos de corrupción.
Con información de EFE
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