Por qué mañana puede ser demasiado tarde para la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela

Como si fuera una partida de TEG, el juego de mesa sobre planificación, táctica y estrategia, hoy 31 de marzo es una fecha clave en el futuro de la región. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, lo sabe y los países miembros también. Por eso las negociaciones son incesantes desde que la Sala Constitucional del Supremo Tribunal Venezolano decidió anular el Poder Legislativo en Venezuela.

Si la región quiere iniciar el proceso para aplicar al régimen de Nicolás Maduro la Carta Democrática Interamericana, entonces necesitará cumplir el primero de los pasos, el de convocar una reunión del Consejo Permanente de miembros. El país que ostenta la presidencia de ese órgano de la OEA es el encargado de convocarlo.

Hoy, 31 de marzo, el país que lo preside es Belice, pero mañana deja el puesto. Es que "la presidencia es ejercida sucesivamente por los representantes permanentes en el orden alfabético español de los nombres en español de sus respectivos países y la vicepresidencia, en idéntica forma, siguiendo el orden alfabético inverso. Ejercen sus funciones por un período de tres meses, que comienza a partir del primer día de los meses de enero, abril, julio y octubre".

Así mañana, 1 de abril, siguiendo el orden alfabético, el presidente será Bolivia. Y el gobierno de Evo Morales es —junto a Cuba— el mejor amigo del régimen chavista. De hecho, ya declaró su "apoyo incondicional" a Venezuela.

¿Por qué este cambio es una bisagra en el proceso para aplicar la Carta Democrática a Venezuela? Porque el presidente —a partir de mañana, Bolivia— es quien "convocará a las sesiones, las abrirá y levantará, dirigirá los debates, concederá el uso de la palabra en el orden en que se la soliciten, someterá a votación los asuntos y anunciará los resultados, decidirá las cuestiones de orden conforme a lo dispuesto en el artículo 50 del presente Reglamento, instalará las comisiones y, en general, cumplirá y hará cumplir las disposiciones del presente Reglamento".

Por lo tanto, quienes condenan la sentencia del tribunal venezolano deben acelerar la toma de decisiones. Para que el proceso comience, el presidente debe convocar la reunión. Belice puede hacerlo hoy y Bolivia no tendrá más remedio que presidir esa cita. Luego, el arte de la diplomacia se enfrentará al resto. En la cancha —el Salón Simón Bolívar de la OEA—, se verán las destrezas y se pondrá a prueba la determinación de un grupo de países —que lideran México, Perú y con más timidez Argentina— para sortear las trabas que pueda poner Bolivia.

Suponiendo que Almagro y los países que condenan al régimen de Maduro logren que hoy mismo Belice convoque, deberán juntar aire, porque el camino recién empieza.

En la cita deben reunir 18 miembros (la mayoría simple de los 35) que voten que en Venezuela hay una "alteración del orden constitucional y democrático".

Si ese voto prosperase, según el proceso gradual que contempla la Carta Democrática, habría gestiones diplomáticas y buenos oficios. Si esa gestiones no prosperasen, con el voto de dos tercios de los integrantes (24) se puede dar el siguiente paso: convocar a una sesión extraordinaria de la Asamblea General del Organismo.

De nuevo se intentaría la vía diplomática y, de fracasar, sería necesario otra vez el voto de 24 países (dos tercios) para suspender a Venezuela del ente, con lo que dejaría de participar en los programas y actividades de la OEA.

Con la activación de la Carta, se suspende al país en crisis, que queda temporalmente excluido del organismo. Si bien ejerce una fuerte presión diplomática, la norma no incluye la posibilidad de una intervención directa a través de ninguna fuerza externa.

Ahora bien, qué sucedería si ni Almagro, ni los miembros de la OEA logran que se convoque hoy. Según el artículo 20 de la Carta Democrática Iteramericana, "en caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado miembro o el secretario general podrán solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente". Entonces, cualquier país miembro —o grupo de países, para ejercer más presión— podrá exigirle a Bolivia que convoque.

Cierto es que el representante boliviano podrá recurrir a cualquier artilugio para demorarlo, pero la negación sería un escándalo internacional… uno de los más graves en la OEA.

Hoy es clave, mañana todo queda en manos de Bolivia.

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