El chavismo pidió enjuiciar al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Julio Borges

Abogados del régimen de Maduro solicitaron ante la fiscalía general de Venezuela un “antejuicio de mérito” contra Julio Borges por la supuesta “usurpación de funciones” en el Legislativo. Ese Poder se encuentra en desacato tras una sentencia del Tribunal Supremo, un órgano controlado por el gobierno

Julio Borges (Reuters)
Julio Borges (Reuters)
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Abogados del chavismo solicitaron este jueves ante la Fiscalía general de Venezuela un "antejuicio de mérito" contra el presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, por la supuesta "usurpación de funciones" en el Poder Legislativo y en "defensa del legítimo Gobierno de Nicolás Maduro".

En declaraciones al canal estatal VTV un grupo de abogados alegó que Borges ha usurpado las funciones de la presidencia de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) debido a que el acto de su designación en el cargo el pasado 5 de enero fue declarado por el Supremo como "nulo de nulidad absoluta".

"En consecuencia, si no tiene esta investidura no puede estar recorriendo el país ni usurpando las funciones que son específicas del presidente de la república que, de acuerdo a (…) (la Constitución) es el único legitimado para dirigir las relaciones internacionales", dijo el abogado Antonio Molina.

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Los letrados aseguran que Borges ha venido "desarrollando toda una propaganda desestabilizadora" a través de sus recientes viajes hacia Brasil y Colombia, donde afirman que ha ofrecido declaraciones y discursos que invitan a los gobiernos de esos países a que se "involucren" en los asuntos internos de Venezuela.

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Para Molina, la actitud de Borges es "una clara y evidente demostración (de) que lo que se procura en ello es la desestabilización del Gobierno, por mecanismos que no son los constitucionales".

En ese sentido, acusan a Borges de que sus actuaciones son "constitutivas" de delitos previstos en la Carta Magna del país caribeño, como la "conspiración" y "atentar contra la independencia" de la nación.

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Según Molina: "Lo que se procura, al final de cuentas es la desestabilización del Gobierno y promover, en el contexto latinoamericano, represalias en contra del gobierno nacional".

Borges, del partido Primero Justicia (PJ), fue designado por la Cámara venezolana para dirigir este segundo año del quinquenio parlamentario en el que el antichavismo, por primera vez en casi 20 años, controla ese poder.

Por incumplir varias sentencias, el Tribunal Supremo de Justicia declaró a la Asamblea Nacional en desacato y, en razón de ello, determinó que todos los actos legislativos son nulos y carecen de toda legalidad.

De ahí que el chavismo sostiene que Borges no es presidente del Legislativo porque este Poder se encuentra en desacato y que por ello está usurpando funciones.

Sin embargo, contra el antecesor de Borges, el dirigente opositor Henry Ramos Allup, el chavismo también inició acciones judiciales entre las que se cuenta la que introdujo el año pasado el gobernador del oriental estado Anzoátegui, Nelson Moreno, que solicitó a la Fiscalía investigarlo por supuesta "instigación al odio".

El derecho de antejuicio es una garantía que la Constitución otorga a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente la autoridad competente se haya pronunciado sobre si hay lugar para la formación de causa.

El chavismo solicita a la Fiscalía que determine si existe mérito para el enjuiciamiento al opositor.

Con información de EFE

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