
Dos periodistas brasileños denunciaron hoy que sufrieron un "asedio moral" durante su detención por parte de las autoridades de Venezuela en el estado Zulia (oeste), cuando realizaban un reportaje sobre una obra inconclusa que estuvo a cargo de la constructora Odebrecht.
"Asedio moral, cárcel privada, estábamos sin comunicación, los policías nos seguían hasta para ir al baño. Fuimos tratados como criminales cuando, en verdad, estábamos haciendo solo nuestro trabajo", resaltó el periodista Leandro Stoliar en una entrevista al canal Record después de ser liberados el domingo.
El reportero, quien fue detenido junto al camarógrafo Gilzon Souza de Oliveira, denunció que las autoridades venezolanas les confiscaron computadoras, teléfonos, cámaras y otros equipos de trabajo.
"Volvimos con nuestra ropa en el cuerpo y una mochila que conseguimos separar", señaló Stoliar, quien llegó hoy a San Pablo con Souza de Oliveira.
La Asociación Brasileña de Prensa (ABI, por sus siglas en portugués) condenó hoy con "vehemencia" la prisión "arbitraria" de los periodistas, quienes permanecieron retenidos por 30 horas por agentes del Servicio de Inteligencia del gobierno venezolano.
ABI recordó que los profesionales investigaban denuncias de pago de coimas de Odebrecht a funcionarios cuando fueron interrogados y retenidos "indebidamente" por la policía.
Venezuela resultó salpicada por los supuestos sobornos que habría pagado la constructora brasileña Odebrecht en varios países y a varios funcionarios gubernamentales, algunos ligados a la llamada revolución bolivariana, actualmente liderada por Nicolás Maduro.
"La situación a la que fueron sometidos es inaceptable en cualquier país del mundo", añadió ABI.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela confirmó a Efe que los dos periodistas brasileños y los venezolanos Jesús Urbina y María José Túa, coordinadores en la ciudad de Maracaibo de la ONG Transparencia Venezuela fueron abordados por las autoridades cuando grababan imágenes del llamado puente de Nigale.
Se trata de una estructura inconclusa prometida en 2005 por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013), que sería una segunda opción para el paso de vehículos sobre el lago de Maracaibo.
Según el sindicato, los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) les ordenaron a los cuatro ciudadanos conducir, escoltados, hasta la sede del cuerpo de inteligencia en esa entidad "para una entrevista".
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