La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) publicó el martes una sentencia en la que encuentra al Estado colombiano responsable de detenciones ilegales y falta de protección de cinco defensoras de los derechos humanos, así como de la muerte de una de ellas.
"Colombia es responsable por no prevenir el asesinato de la defensora de derechos humanos Ana Teresa Yarce, así como por su detención ilegal y arbitraria junto a otras defensoras de la Comuna 13 en Medellín", explicó la CorteIDH, que tiene sede en Costa Rica.
El tribunal, que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), indicó que el Estado también fue condenado por "no haber adoptado medidas necesarias para atender la situación de desplazamiento de las defensoras de derechos humanos y por violar las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial".
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El caso tiene que ver con la situación de riesgo y violencia sufrida a partir del 2002 por las defensoras de derechos humanos y líderes comunales María del Socorro Mosquera Londoño, Mery del Socorro Naranjo Jiménez, Ana Teresa Yarce, Luz Dary Ospina Bastidas y Miryam Eugenia Rúa Figueroa, así como el impacto generado en sus familiares.
Los hechos se desarrollaron en el contexto del conflicto armado interno de Colombia, el cual provocó que en la Comuna 13 se intensificaran los operativos militares y el recrudecimiento de la presencia paramilitar.
Yarce, Mosquera y Naranjo fueron detenidas en 2002 por haber sido señaladas como colaboradoras de la guerrilla, sin que se acreditara la causal, y fueron liberadas 9 días después.
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La Corte determinó que la detención fue "ilegal y arbitraria y que, en las circunstancias del caso, además de una violación al derecho a la libertad personal, generó una vulneración de los derechos a la integridad personal y a la protección de la honra y dignidad de las víctimas".
A pesar de haberse interpuesto diversas denuncias sobre su situación de riesgo, "el Estado no implementó las medidas necesarias para salvaguardar la vida de Yarce", a quien asesinaron en 2004, agregaron los jueces interamericanos.
Las otras cuatro defensoras y sus familiares se vieron forzadas a desplazarse de su lugar de residencia para resguardar sus vidas ante el hostigamiento y amenazas de la guerrilla.
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Sobre este punto los jueces señalaron que "el Estado no adoptó las medidas suficientes de asistencia ni posibilitó un retorno voluntario y seguro" de estas personas, por lo que hubo violaciones a los derechos de circulación, de residencia e integridad personal.
Con información de EFE.
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