El ministro de gobierno de Bolivia, Carlos Romero, informó que el ingreso a territorio brasileño de la funcionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), Celia Castedo Monasterio, es ilegal porque eludió los puestos migratorios existentes entre Bolivia y Brasil.
"Lo que corresponde es una acción ante Interpol y si la salida ha sido ilegal, el ingreso a Brasil también ha sido ilegal lógicamente. En estos casos debería aplicarse un procedimiento de expulsión automática", afirmó Romero en declaraciones recogidas por El Deber.
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Celia Castedo está procesada por no remitir el informe de las observaciones sobre el vuelo siniestrado del avión CP 2399 de la empresa LAMIA. En estos momentos, se encuentra en Brasil, donde acudió a la Policía Federal y luego al Ministerio Público Federal en Corumbá para requerir información sobre un eventual trámite de asilo.
La agencia de noticias EFE informó que Castedo recibió el Protocolo de Petición de Refugio por parte de las autoridades brasileñas que legaliza, hasta la emisión de un fallo judicial, su permanencia en territorio brasileño.
"No hay arraigo o mandamiento de aprehensión expedida (contra la funcionaria), y entiendo que ella no ha utilizado ningún punto legal de control migratorio. Su salida ha sido ilegal, ha eludido los puestos de control migratorio de país", insistió el ministro.
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El trágico vuelo que cayó en Colombia y causó la muerte de 71 personas presentó serias irregularidades en el plan de viaje, que fueron advertidas y documentadas por las autoridades bolivianas antes de su partida. Pero quedaron desestimadas por la tripulación de la nave con una respuesta que intentó llevar calma: "Eso está bien, ahí nomás déjemelo".
Al presentar el plan de vuelo, en la terminal de Viru Viru, Álex Quispe, despachador de la aerolínea LAMIA, recibió cinco observaciones por parte de la empleada de Aasana Celia Castedo Monasterio.
Entre las objeciones, resaltaba que el tiempo de vuelo y la autonomía de la nave eran los mismos, lo que no contemplaba el tiempo destinado ante un eventual desvío o maniobras inesperadas.
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La funcionaria está acusada por los delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte e incumplimiento de deberes. Aasana le inició el proceso por no reportar el informe a las autoridades superiores.
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