Al menos 60.630 personas han sido víctimas de desaparición forzada en Colombia desde la década del 70 hasta 2015, según un informe presentado en Bogotá por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
La escandalosa cifra, que supera las registradas en los países del Cono Sur durante el período de las dictaduras militares, fue revelada por el informe "Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia". Se trata del estudio más completo hecho en el país sobre este flagelo, que se profundizó con el conflicto armado.
"La desaparición forzada ha sido un crimen silencioso e invisibilizado, que genera un duelo infinito, suspendido, en los familiares de quienes la padecen, sumiéndolos en un dolor que no se alivia y una espera interminable", señala el estudio.
El informe completo
Según el documento de 426 páginas, la desaparición forzada en Colombia se ha realizado con tres objetivos: "castigar, generar terror y ocultar los crímenes".
Los mayores responsables de este crimen de lesa humanidad han sido paramilitares y guerrilleros, así como agentes del Estado, organizaciones criminales no identificadas y grupos posdesmovilización que surgieron en 2005 después del proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En promedio, cada día de los últimos 45 años tres personas fueron desaparecidas en el país, lo que significa un caso cada ocho horas.
Uno de los períodos más críticos es el comprendido entre los años 1996 y 2005, cuando estaban en su auge los paramilitares. En ese entonces, una persona era desaparecida cada dos horas y media en el país.
"Llevo 1.107 noches pensando en 1.107 muertes diferentes de mi hijo", señala el testimonio de un familiar de un desaparecido citado en el informe, cuya identidad no se revela.
Pese a que en 2007 se creó el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de las 60.630 personas que sufrieron este delito sólo se conoce el paradero o el estado de 8.122, lo que significa que "la aplastante mayoría de las víctimas no han sido encontradas ni identificadas".
"Empezó siendo una herramienta empleada por agentes del Estado contra activistas asociados a la izquierda y se convirtió en un arma de paramilitares y guerrilleros que afectó a personas de características muy diversas: campesinos, sindicalistas, habitantes de calle y comerciantes", expone el informe.
De los desaparecidos de los que se sabe su ocupación u oficio, la mayor cantidad son campesinos o administradores de fincas (43,3%).
Siguen los empleados, obreros y profesionales en la informalidad (15,6%); comerciantes, motoristas y vendedores ambulantes (14,1%); combatientes, incluidos miembros de la fuerza pública, guerrilleros y paramilitares (10,8%); y funcionarios públicos (4%).
El 12,2% restante de las víctimas de desaparición forzada lo constituyen estudiantes, hacendados, ganaderos y religiosos, entre otros.
La primera desaparición registrada en el país fue la de Omayra Montoya, quien tenía tres meses de embarazo en septiembre 1977, cuando fue víctima de este crimen.
Según el estudio, tomó "casi un cuarto de siglo de protesta y movilización" de organizaciones como la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Asfaddes) para que se tipificara este delito en la ley 589 del año 2000.
"La desaparición forzada es un tema de mucho dolor, cuando una familia o una madre o una esposa no sabe dónde está esa persona que le desaparecieron, son esas dudas de si es que está vivo o si es que está muerto", asegura otro de los testimonios citados en el informe.
(Con información de EFE)
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