
La trama de corrupción destapada en Río de Janeiro tras la detención el jueves del ex gobernador Sergio Cabral, a quien la Justicia acusa de recibir al menos USD 66 millones en sobornos, contribuye a crispar el clima político de Brasil en un contexto de crisis y protestas contra los recortes.
Cabral se encuentra ahora en la prisión de Bangu Oito, del complejo penintenciario de Gericinó, en el oeste de Río. Los guardiacárceles le cortaron el cabello y le quitaron la camisa de vestir que llevaba cuando fue detenido en su domicilio de Leblon para ponerle el uniforme de preso.
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En representación del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), Cabral gobernó Río entre 2007 y 2014 y logró una enorme popularidad debido al protagonismo que adquirió el estado por la celebración del Mundial de fútbol, los Panamericanos y la adjudicación de los Juegos Olímpicos.
El ex gobernador, arrestado en su casa, en el residencial barrio carioca de Leblon, está acusado de corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita, entre otros delitos.
Su detención ha sacudido a la clase política brasileña, en especial al gobernante PMDB, y se ha producido apenas 24 horas después del arresto de otro conocido ex gobernador de Río, Anthony Garotinho, presuntamente vinculado a una trama de corrupción electoral.
Cabral, según la investigación, recibió al menos USD 66 millones en comisiones ilegales de grandes constructoras vinculadas con la monumental trama de corrupción en la estatal Petrobras, destapada por la operación Lava Jato.
Parte del dinero se desvió de contratos que incluyeron la reforma del estadio Maracaná, el parque Acuático Maria Lenk, mejoras en favelas de Río, el llamado Arco Metropolitano y otros proyectos vinculados con eventos internacionales.
Según la Fiscalía, las comisiones ilegales se dividían en cuotas mensuales y cubrieron incluso vestidos de fiesta para la esposa del ex gobernador, meriendas para su hijo y numerosas obras de arte y objetos de "altísimo costo".

El fiscal Athayde Ribeiro Costa denunció el jueves que la trama descubierta con la detención de Cabral "muestra el daño que la corrupción ha hecho a Río de Janeiro y a todo Brasil".
La red se destapó gracias a un pacto de cooperación judicial acordado por ejecutivos de las empresas Andrade Gutiérrez y Carioca Ingeniería a cambio de una futura reducción de pena.
La policía federal detuvo también a varios de los colaboradores de Cabral, incluido Hudson Braga, hoy convertido en uno de los hombres de confianza del actual gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezao.
Pezao, quien a su vez fue vicegobernador de Cabral, está en el ojo del huracán por las masivas protestas de empleados públicos –incluidos policías y agentes penitenciarios– contra los recortes salariales y en gasto social que pretende imponer para equilibrar las cuentas del estado.
Según el fiscal José Augusto Vagos, Pezao no ha sido objeto de delación ni hay indicios de su participación en la trama, aunque medios locales apuntaron hoy que su nombre ha sido mencionado, sin concretar los términos, en testimonios vinculados a la operación Lava Jato.

La trama de corrupción de Petrobras –que según los balances de la empresa desvió más de 2.000 millones de dólares entre 2004 y 2014– ha salpicado a decenas de las más importantes constructoras del país y a dirigentes de prácticamente todos los partidos.
En medios políticos, se asegura que muchos de los parlamentarios implicados intentan maniobrar para ablandar las penas por corrupción.
Sin aludir a estos supuestos intentos, el fiscal Ribeiro pidió hoy que "la sociedad brasileña esté atenta y vuelque sus ojos hacia el Congreso", porque "es necesario avanzar en la lucha contra la corrupción" y "no permitir retrocesos".
El gobierno brasileño mantuvo silencio sobre este nuevo escándalo de corrupción, aunque columnistas locales coincidieron en que existe preocupación en la cúpula del PMDB.
Las protestas de Río son otro motivo de inquietud para el Ejecutivo de Michel Temer, que intenta evitar el efecto "contagio" a otros estados en un contexto de crisis.
Tras este escándalo, el gobernador de Río de Janeiro lo tendrá aún más difícil para aplicar recortes a los empleados públicos y ajustar el gasto social.
"Ellos roban, nosotros pagamos", denuncian casi a diario los funcionarios frente a la Asamblea de Río, dispuestos a mantener su protesta hasta tumbar los planes del gobernador.
Con información de EFE
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