Los diputados brasileños aprobaron este miércoles una ley que elimina la obligación de que la endeudada petrolera estatal Petrobras sea única operadora y que deba participar con un mínimo de 30% en todos los consorcios que pretendan explotar los ricos yacimientos petrolíferos en aguas profundas (presal).
La medida, que rompe un tabú defendido históricamente por nacionalistas y por partidos de izquierda, determina que Petrobras tendrá la preferencia para operar los bloques, si así lo solicita, pero que en caso de verse imposibilitada de hacerlo los grupos inversores asumirán íntegramente esa responsabilidad.
En la práctica, la medida abre posibilidades de que empresas extranjeras participen en solitario de próximas subastas de los bloques situados en aguas ultraprofundas del océano Atlántico.
El "texto-base" de la ley fue aprobado por 292 votos contra 101. Pero aún queda pendiente el estudio de varias enmiendas que en teoría podrían alterar su contenido.
Luego de votadas esas enmiendas -en principio la próxima semana- la ley deberá ser sancionada por el presidente Michel Temer, que reemplazó a la destituida presidenta de izquierda Dilma Rousseff enarbolando un programa liberal de severos recortes y de apertura económica.
Los inmensos yacimientos del presal, descubiertos en 2007, están ubicados a unos cinco kilómetros de profundidad bajo el fondo marino, frente a las costas de los estados de Rio de Janeiro, Sao Paulo y Espirito Santo.
Petrobras tiene sus cuentas golpeadas por el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil, la llamada "Operación Lava Jato", que indaga una enorme trama de corrupción en torno a la petrolera estatal desde donde se habría realizado millonarios desvíos de dinero hacia partidos políticos, uno de ellos el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.
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Petrobras produjo en 2015 un total 2,128 millones de barriles diarios, 767.000 de ellos procedentes de pozos del presal y por el desplome del precio del barril, anunció este mes un recorte de 25% de sus inversiones en el periodo 2017-2021.
Mientras los defensores del proyecto sostienen que la estatal no tiene capacidad financiera de explotar esas riquezas de la forma que establecía la ley hasta ahora, la oposición denuncia los cambios como una "entrega" de recursos brasileños al capital extranjero.
Con información de AFP
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